Los colegios, en alerta ante la Ley de las profesiones

El Ministerio de Economía dice que solo es el esquema de un anteproyecto, el de la Ley de Servicios Profesionales, un PowerPoint de 20 páginas que se filtró en vísperas a Navidad, y que ha puesto en guardia a los colegios afectados por los cambios que prevé. Con el objetivo de “mejorar la competitividad de un sector que supone el 30% del empleo universitario”, el documento plantea modificar las reservas de actividad de colectivos como los arquitectos, aparejadores e ingenieros (reduciéndolas a “las estrictamente justificadas”), y cambiar notablemente aspectos de la colegiación. Además, habrá una “lista positiva”, con las profesiones de colegiación obligatoria, lo que ha llevado al sector a temer que se desdibuje el papel de los colegios.

La Unión Profesional (UP), que agrupa a 33 consejos de colegios (1,3 millones de colegiados), no entra a valorar los cambios que afectarían a cada gremio, porque en algunos casos hay disputas entre ellos; pero sí ha salido en defensa de la colegiación, de los riesgos de una liberalización “excesiva” y de “la función social” de los colegios profesionales. Su presidente, Carlos Carnicer, subraya el papel “de máxima protección de la salud y seguridad de los ciudadanos” de los colegios. “El sector ha incorporado servicios y ha mejorado su gestión y desempeña una labor fundamental en la protección de los derechos ciudadanos y de su seguridad jurídica”, alerta. Carnicer defiende el control y vigilancia de los servicios, la prevención del intrusismo, la función formativa, deontológica o estadística de los colegios y la “degradación de las profesiones” que una relajación podría suponer. La Unión recuerda además que un 8,8% del PIB y un 6% del empleo español proceden de profesiones colegiadas.

Tanto Carnicer como los presidentes de los colegios afectados se manifiestan con reservas ante lo que algunos de ellos llaman “solo un borrador” y otros un “globo sonda”. Las profesiones mantienen contactos con Economía, confirman fuentes del ministerio, y confían en que el redactado final del articulado dé marcha atrás en los aspectos más criticados e incorpore sus aportaciones. Éstas son las profesiones más afectadas.

» Arquitectos. El anteproyecto eliminaría la reserva exclusiva de actividad que prevé la Ley de Ordenación de la Edificación (de 1999), de forma que también los ingenieros con competencias en edificación podrían proyectar y dirigir obras de viviendas o edificios públicos. En una carta, el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, alertó hace unos días que las modificaciones “podrían poner en peligro el trabajo del sector productivo ligado a la arquitectura”. Esta semana, la Asociación Arquitectos por la Arquitectura expresó su “más enérgico rechazo” al anteproyecto, que “supondría la práctica desaparición de la arquitectura como actividad”. El Consejo apeló al “interés público y cultural” de la arquitectura. El borrador de la ley justifica que “si un profesional —arquitecto o ingeniero— es competente para realizar una edificación, se entiende que también será capaz de realizar otras, con independencia de su uso”.

Los arquitectos creen que esta norma supone "la práctica desaparición" de esta profesion

» Arquitectos técnicos. Se mantiene la colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras, pero se suprime la reserva exclusiva de la dirección de la ejecución de la obra. Ésta la podrá realizar un arquitecto, un aparejador o un ingeniero “con independencia de quien haya sido el proyectista y del tipo de edificación”. El texto apela a la competencia de un profesional para dirigir un proyecto “con independencia de si lo ha firmado un arquitecto o un ingeniero”.

» Ingenieros industriales. Se mantiene la colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras en las ingenierías, pero prevé la “supresión de restricciones horizontales” por especialidades: las nueve ingenierías existentes. El texto afirma que se establecerá “una pasarela vertical” para que los técnicos “puedan adquirir atribuciones actualmente reservadas a los ingenieros”.

Desde la “prudencia”, el presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales, Jesús Rodríguez Cortejo sostiene que “habrá que aclarar en qué consistirán estas pasarelas verticales y si serán rigurosas”. Sobre las reservas de actividad, se muestra partidario de que “estén asociadas a la complejidad de las obras, no a su uso”. Lo ilustra con un ejemplo del “absurdo” actual: “Que los ingenieros podamos dirigir toda la obra de un complejo industrial menos la vivienda del guarda”.

El presidente de la abogacía considera la ley "un disparate político" que perjudicará a los ciudadanos

» Ingenieros de caminos, canales y puertos. Estos profesionales son los que más vehemente defienden su especificidad: no todo el mundo puede hacer un puente o una presa, resumen. El presidente del Colegio, Juan Antonio Santamera, asegura que defenderá “dos reservas de actividad específicas: las obras hidráulicas y las infraestructuras de transporte”, por “razones de seguridad” y de respeto al medioambiente. Fuentes del colegio recuerdan el reconocimiento internacional del que gozan los ingenieros de caminos españoles y el daño que una desregulación podría suponer.

» Abogados y procuradores. Si, para sintetizar, el abogado es quien asesora y dirige y un pleito, y el procurador quien le representa ante los tribunales, el borrador del Ministerio prevé que los primeros puedan ejercer la profesión de los segundos sin necesidad de colegiarse como Procuradores. Además, el borrador prevé la eliminación (definitiva tras una moratoria de cinco años y un reglamento pendiente) de la exigencia de un examen de Estado habilitante para la profesión. El presidente del Consejo de Colegios de Procuradores, Juan Carlos Estévez, declina comentar el borrador, convencido de que “el texto definitivo no tendrá nada que ver”. A su turno, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (que también preside la UP), Carlos Carnicer, califica de “disparate político” la posibilidad de eliminar el examen de acceso a la abogacía que “garantiza a la ciudadanía la preparación de los profesionales que ejercerán su defensa”. “Nos volverá a distanciar de Europa”, avisa. También cuestiona la posibilidad de que la colegiación se estructurara por provincias o autonomías, cuando muchos Colegios están vinculados a ciudades.

» Farmacéuticos. El redactado del cambio es breve pero entraña una enorme preocupación. Dice: “Se suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico”, lo que supone liberalizar el sector. Que cualquier persona o empresa pueda abrir una farmacia, aunque detrás del mostrador tenga que haber un farmacéutico. Si se mercantiliza el sector pierde su función de servicio público, alertan los farmacéuticos. “En cuatro días la mayoría de las farmacias podrían estar en manos de un par de grandes cadenas que además venderían sus propios fármacos genéricos”, avisan fuentes del sector. No es la primera vez que se pone sobre la mesa la liberalización de las farmacias. Ya en 2006, Bruselas aconsejó a España que revisara su modelo. El Ministerio de Economía lo intentó, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo aparcó. El Ministerio de Sanidad defiende el actual sistema. El pasado día 3, la Asamblea General de Colegio publicó un manifiesto en el que tras agradecer su apoyo a la Ministra de Sanidad, defiende que el actual sistema, “basado en la propiedad y titularidad del farmacéutico, presta un servicio asistencial de elevado valor social y sanitario, que debe ser potenciado por las Administraciones, en beneficio de la salud de la población”.