El Gobierno europeo presenta sus previsiones

La Comisión Europea (CE) publicó esta semana sus previsiones económicas de otoño, que han tenido un amplio eco en los medios de comunicación españoles. Ello es porque presenta unas cifras para España bastante distantes (y peores) de las del Gobierno español en tres apartados sensibles e importantes: el crecimiento del PIB, el paro y el déficit público.

En el primer caso, la CE proyecta para 2013 una caída del -1,4%, bastante mayor que la de nuestro ejecutivo (-0,5%), pero prácticamente igual a la última del consenso de analistas privados españoles que recoge y publica Funcas (-1,5%) y a la que hace un mes publicó el FMI (-1,3%). La diferencia estriba en que las previsiones oficiales españolas contemplan una recuperación relativamente intensa del PIB desde comienzos del próximo año, mientras que las demás siguen dando caídas durante la primera mitad del año y solo una modesta recuperación al final del mismo. Aunque no sea más que por la regla de la mayoría, el Gobierno pierde. Normal. Es una regla general que las autoridades tiendan a pecar de voluntarismo, aun a costa de perder credibilidad. Pero en este caso, además, nuestro Gobierno no se resigna a que, después de todas las reformas y duras medidas que está tomando, la economía no se recupere. ¿Es que entonces todas estas medidas no sirven para nada? La cuestión no es esa, claro que las medidas sirven. La cuestión es que casi todas las reformas solo dan resultados a medio y largo plazo y que, mientras, la economía española está llevando a cabo una serie de procesos de ajuste, saneamiento y reestructuración que a corto plazo tienen efectos depresivos sobre el gasto y la actividad. Es, por tanto, una cuestión de tiempo.

Para el paro, todas las instituciones proyectan que continúe creciendo en mayor o menor medida durante el próximo año, mientras que las autoridades españolas piensan que puede disminuir [gráfico superior derecho]. Aquí no se trata de más o menos optimismo, simplemente no es consistente que con una caída del PIB de, al menos, el 0,5% la tasa de paro pueda bajar. Por cierto, al estar ligado el presupuesto de gastos en prestaciones por desempleo a estas optimistas previsiones de paro, el próximo año volveremos a tener una desviación importante en estos gastos, como está sucediendo este año.

Dado que en 2014 el déficit aumentaría por el fin del recargo del IRPF, tendrá que prorrogarse

En cuanto al déficit público, también hay diferencias notables: la CE estima que, si no hay medidas adicionales a las ya anunciadas, este se quedará en el 7% del PIB en 2012 (sin contar las pérdidas por ayudas a las instituciones financieras), 6% en 2013 y 6,4% en 2014, frente a objetivos del Gobierno del 6,3%, 4,5% y 2,8%, respectivamente. Esta disparidad no proviene solo del impacto sobre el déficit de unas previsiones peores para el conjunto de la economía por parte de la CE, sino de valorar como insuficientes las medidas tomadas o contempladas en los presupuestos que están en trámite de aprobación. Para 2014 la CE proyecta el déficit bajo la hipótesis de que no hay cambios ni medidas adicionales a las ya tomadas. Es más, supone que, como el último aumento del IRPF es un recargo transitorio durante 2012 y 2013, en 2014 la recaudación por este impuesto volvería a bajar y, como consecuencia, el déficit aumentaría. Esto indica que dicho recargo tendrá que prorrogarse varios años más.

Un comentario adicional sobre el déficit público. A la comisión le sale una caída del PIB en 2013 del -1,4% teniendo en cuenta, entre otros factores, que dicho déficit solo se reduce un punto porcentual. No resulta difícil deducir que, si la política fiscal se endureciera más para reducirlo en la medida contemplada por el ejecutivo español (hasta el 4,5%), la caída del PIB sería mayor del 1,4% y la tasa de paro, superior al 26,6% que estima la CE. Aquí llegamos al centro de la cuestión. En las actuales circunstancias de estrangulamiento financiero en que vive la economía española, el ajuste fiscal tiene unos efectos depresivos muy elevados sobre la actividad y el empleo, como nos recordaba recientemente el FMI, lo cual dificulta enormemente el propio ajuste fiscal. Solo un cambio en las condiciones financieras contrarrestaría tales efectos, y ese cambio está en manos del BCE, dando soporte a los activos financieros españoles y, con ello, accesibilidad a los mercados a los bancos y empresas.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas)