Los asesores fiscales piden ampliar el plazo para acogerse a la amnistía fiscal

Cuando queda poco más de un mes para que concluya el plazo para presentar la Declaración Tributaria Especial (DTE), nombre formal de la amnistía fiscal, los asesores fiscales conservan numerosas dudas sobre el proceso. “Si tiene éxito será más por el temor a las consecuencias de la Ley contra el fraude (que hoy se aprueba en el Senado) que por convencimiento”, ha asegurado esta mañana el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Durán-Sindreu, durante la presentación de las jornadas sobre la amnistía fiscal celebradas esta mañana para tratar de aportar luz sobre algunos de los aspectos más controvertidos de la amnistía fiscal.

Entre ellos, la acreditación de las inversiones financieras depositadas en países con los que no existe convenio de intercambio de información. Más de 400 asesores fiscales han acudido, con serias dudas, al acto en el que han participado el subdirector general del IRPF, Manuel de Miguel Monterrubio, y Caridad Gómez Mourelo, Inspectora de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública, que trataron de resolver las dudas planteadas.

Los asesores fiscales reclamaron al Ejecutivo que amplie el plazo para acogerse a la amnistía fiscal, que ahora vence el 30 de noviembre. Los asesores creen que la existencia de incertidumbres y el poco tiempo que disponen desde el segundo informe de la Dirección General de Tributos en el que aclaraban algunos aspectos de la regularización extraordinaria les avala para reclamar una ampliación hasta el 31 de diciembre. “No es prorrogable. No hay ninguna previsión de prórroga ni de ampliación de la Declaración Tributaria Especial”, señaló Monterrubio para tratar de zanjar la discusión. No obstante, la organización de asesores fiscales negocia con Tributos para tratar de ampliar el plazo.

Monterrubio explicó durante su intervención que el Gobierno ha intentado jugar con el palo y la zanahoria poniendo la amnistía fiscal en marcha a la vez que aprueba una ley que endurece la ley de lucha contra el fraude fiscal. “Se trata de regularizar los riesgos de contingencia fiscal de ejercicios no prescritos”, apuntó.