Cárceles, privatización e influencia

A lo largo de los últimos años, The New York Times ha publicado varios informes aterradores sobre el sistema de casas de reinserción de Nueva Jersey, que están dirigidas de forma privada y que complementan el sistema normal de prisiones. La serie es un modelo de informes de investigación que todo el mundo debería leer, pero que también debería observarse en un contexto. Los horrores que describe forman parte de una pauta más amplia en la que las funciones básicas de gobierno se están privatizando y deteriorando.

Antes que nada, respecto a esas casas de reinserción: en 2010, Chris Christie, el gobernador del Estado —que mantiene unos vínculos personales estrechos con Community Education Centers, el mayor operador de estas instalaciones, y que antes trabajó como miembro de un grupo de presión para el grupo— describía las operaciones de la empresa como “una representación de lo mejor del espíritu humano”. Pero los informes de The Times describen, en cambio, algo más parecido a un infierno en la tierra: un sistema mal dirigido, sin personal suficiente y con unos trabajadores desmoralizados, del que los individuos más peligrosos escapan con frecuencia para causar estragos, mientras que los delincuentes relativamente poco peligrosos se enfrentan al terror y a los abusos por parte de otros internos.

Es una historia terrible, pero, como dije, tienen que verla en un contexto más amplio, en el de una campaña en todo el país de la derecha estadounidense para privatizar las funciones de gobierno, que incluye el funcionamiento de las cárceles. ¿Qué hay detrás de esta campaña?

Podríamos sentirnos tentados a decir que refleja la fe de los conservadores en la magia del mercado, en la superioridad de la competencia del libre mercado sobre la planificación del Gobierno. Y sin duda alguna, es la forma en la que a los políticos de derechas les gusta enfocar el asunto.

La privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público

Pero si lo pensamos, aunque solo sea un minuto, nos damos cuenta de que lo único que las empresas que forman el complejo industrial penitenciario —como Community Education o el gigante de las cárceles privadas Corrections Corporation of America— no están haciendo desde luego es competir en un libre mercado. En lugar de eso, viven de los contratos públicos. No existe ningún mercado libre aquí, y no existe, por tanto, ninguna razón para esperar alguna mejora mágica en la eficiencia.

Y, como era de esperar, a pesar de las numerosas promesas de que la privatización de las cárceles daría lugar a un enorme ahorro de costes, ese ahorro —como concluía un exhaustivo estudio de la Oficina de Asesoría Jurídica, que forma parte del Departamento de Justicia— “sencillamente no se ha materializado”. Si los operadores de prisiones privados logran ahorrar dinero, es mediante “reducciones de personal, prestaciones y otros costes relacionados con el trabajo”.

Así que, veamos: las cárceles privatizadas ahorran dinero empleando a menos guardias y a menos trabajadores, y pagándoles mal. Y luego tenemos historias terribles sobre la forma en que se dirigen estas cárceles. ¡Qué sorpresa! Entonces, ¿qué hay detrás de la campaña para privatizar las cárceles, y casi todo lo demás?

Una respuesta es que la privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público, en la que los Gobiernos evitan registrar gastos por adelantado (o incluso recaudan dinero vendiendo las instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo plazo de forma que los contribuyentes no pueden ver. Oímos hablar mucho de las deudas ocultas en que los Estados han incurrido en forma de pensiones de jubilación; pero no oímos hablar mucho de las deudas ocultas que se están acumulando actualmente en forma de contratos a largo plazo con empresas privadas contratadas para dirigir las cárceles, los colegios y más establecimientos. Otra respuesta es que la privatización es una manera de deshacerse de los empleados públicos, que tienen la costumbre de sindicarse y que tienden a votar a los demócratas en cualquier caso.

Pero la respuesta principal, sin duda alguna, es seguir el dinero. Da igual lo que la privatización supone o no para los presupuestos estatales; piensen, en cambio, en lo que supone para los fondos de las campañas y las finanzas personales de los políticos y sus amigos. A medida que se privatizan cada vez más funciones públicas, los Estados se convierten en paraísos en los que hay que pagar para poder participar, en los que tanto las contribuciones políticas como los contratos para los amigos y los familiares se convierten en un quid pro quo para conseguir negocios públicos. ¿Las empresas se están apoderando de los políticos, o son los políticos los que se están apoderando de las empresas? ¿Tiene alguna importancia?

Ahora alguien señalará seguramente que el Gobierno no privatizado también tiene sus problemas de influencia excesiva, que los sindicatos de guardias de prisiones y de maestros también tienen influencia política, y que esta influencia distorsiona a veces la política pública. Me parece bien, pero esa influencia tiende a ser relativamente transparente. Todo el mundo conoce esas pensiones públicas posiblemente excesivas; fue necesaria una investigación de The Times durante varios meses para sacar a la luz el informe del infierno de las casas de reinserción de Nueva Jersey.

Por tanto, la cuestión es que no deben suponer que lo que The Times descubrió sobre la privatización de las cárceles en Nueva Jersey es un caso aislado de mala conducta. Por el contrario, casi con toda seguridad es un destello de una realidad paulatina y generalizada, de un nexo corrupto entre la privatización y la influencia que está debilitando al Gobierno en gran parte de EE UU.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de 2008.

© New York Times Service 2012.

Traducción de News Clips.