La Unión Europea, sin armas legales

El mercado impondrá disciplina, pero Bruselas carece de instrumentos jurídicos en el contencioso que se avecina sobre la expropiación de YPF por parte de Argentina. La Comisión Europea poco puede hacer, excepto subir el tono de sus declaraciones. El brazo ejecutivo de la UE advirtió ayer al Gobierno argentino que la renacionalización de la petrolera YPF envía una señal “muy negativa” que generará inseguridad jurídica para los inversores europeos e internacionales.

Pero más allá de las palabras, la UE se lava las manos: se trata de un problema “bilateral” entre España y Argentina, según fuentes europeas. No existe ninguna base jurídica o ningún tipo de mecanismo de arbitraje internacional que permita a la UE actuar a favor de los intereses de uno de sus socios en materia de inversiones.

La semana pasada, la Comisión envió un mensaje duro al Gobierno de Cristina Fernández en el que pedía respeto a los compromisos de Argentina con las inversiones europeas. Bruselas dejó patente que estaba “del lado de España” y dejó caer que tenía competencias como para ocuparse de ese asunto.

"Legalmente, es un problema bilateral", aseguró un portavoz

Pero ayer, en cuanto se sustanció la amenaza de expropiación, los servicios jurídicos de la Comisión dejaron claro que poco puede hacer la Unión, más allá de enviar una misión al país sudamericano que estará en Buenos Aires pasado mañana. “Legalmente es un problema bilateral”, indicó un portavoz. Debe aplicarse el tratado que firmaron Argentina y España de protección de inversiones, y ni la UE —a través del acuerdo marco de comercio y cooperación con Argentina, de 1991— ni la Organización Mundial de Comercio pueden lidiar en ese asunto, más allá de meras presiones diplomáticas.