Rajoy afronta hoy un ajuste histórico con más impuestos y menos inversión

La norma sobre la que pivotará el mayor ajuste presupuestario en democracia, el proyecto de Presupuestos de 2012, verá la luz hoy en el Consejo de Ministros un día después de la huelga general que movilizó ayer a cientos de miles de personas contra la reforma laboral y las medidas del Gobierno. En el proyecto de ley se despejarán buena parte de las incógnitas de una ecuación endiablada: cómo reducir en 35.000 millones de euros el déficit público —del 8,5% al 5,3% del PIB—, en plena recesión.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha adelantado que los ministerios gastarán un 15% menos que el año pasado. A regañadientes, el Ejecutivo admite también que habrá subidas de impuestos para completar el recargo al IRPF en vigor desde enero. La eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades y el incremento selectivo del IVA en algunos bienes y servicios están en la agenda, según comentó esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los representantes de las grandes empresas. Los expertos creen que, dada la debilidad de la recaudación, harán falta más medidas para alcanzar el objetivo.

El proyecto de Presupuestos ampliará la onda expansiva del primer gran ajuste anunciado por el Gobierno en su primer Consejo de Ministros, a finales de diciembre, cuando se decidió subir el IRPF y se anunció que el gasto de los ministerios se reduciría en un 12,5%.

Lo que se aprueba hoy. El proyecto de Presupuestos afecta de forma directa a la Administración central y a la Seguridad Social, y por vía indirecta, a Comunidades y Ayuntamientos. Y muchos detalles quedarán para el martes, cuando se presente en el Congreso. Según el mapa de ruta para llevar el déficit del 8,5% al 5,3%, el Gobierno central debe ajustar su saldo presupuestario del 5,1% al 3,5%, un recorte equivalente a 17.500 millones. Según los cálculos del Ejecutivo, el alza del IRPF suministrará unos 5.400 millones. Y el recorte en un 15% del gasto ministerial casi 10.000 millones. Con estas cifras, el objetivo parece alcanzable, pero la recesión lo complica todo.

La incógnita de los ingresos. Según adelantó Montoro este mes, el proyecto de Presupuestos recogerá una previsión de ingresos para la Administración central cercana a los 119.000 millones, cuando en el presupuesto de 2011 se pronosticó poco más de 106.000 millones (y en realidad apenas llegó a 104.000). Casi la mitad de la brecha se cubrirá con el alza del IRPF. Se supone que las medidas fiscales que baraja el Gobierno cubrirá el resto. La recaída del PIB (el Gobierno augura una contracción del 1,7%) obliga a que las subidas de impuestos sean más contundentes aún. En los dos primeros meses —no computa aún el recargo del IRPF—, los ingresos tributarios han caído un 3,5%. Los expertos de la fundación Fedea o de Funcas advierten que la recesión minará la recaudación en varios miles de millones. Y que recuperar la deducción por vivienda juega en contra.

La incógnita de los gastos. El recorte del gasto ministerial es tan duro como el incluido en el presupuesto de 2011, cuando ya se descontó un 15%. La duda es si los tijeretazos pueden haber llegado a su límite, lo que obligaría a cambios radicales en la estructura de la Administración. Además habrá que compensar el aumento del gasto en los intereses de la deuda pública.

En el reparto del esfuerzo estará una de las claves. La aportación de los gastos de personal vendrá por la no reposición de las vacantes y por la congelación salarial. Los titulares de Industria o Defensa han anunciado ya que su recorte estará en línea con lo anunciado por el presidente del Gobierno, mientras que en Sanidad será menor, según La Moncloa. Se augura otro gran mordisco a la inversión de Fomento (cayó ya un 28% en 2011), una de las palancas públicas para reactivar el crecimiento. Y a la ayuda al desarrollo, que ha bajado un 40% desde 2010. La secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, cuenta con que la reducción en las subvenciones al I+D (531 millones en el acuerdo de diciembre) no vaya más allá.

Las cuentas de la Seguridad Social. Según las cifras manejadas por Hacienda, la Seguridad Social debe reducir su déficit en casi mil millones, algo que, sin medidas adicionales, se antoja muy complicado. La disminución de cotizaciones (por el paro) y el aumento del gasto puede llevar al sistema de pensiones a duplicar el saldo negativo de 2011, cuando rondó los 2.500 millones. Es también muy difícil que, en plena recesión, el fondo que paga los ERE cierre en superávit. Y la partida de prestaciones de desempleo también puede aumentar por el repunte del paro.

Pendientes de Madrid. El presupuesto que empieza a dirimirse afecta en primera instancia al Gobierno central y la Seguridad Social, pero se seguirá con lupa desde gobiernos autonómicos y locales. Sus ingresos dependen de lo que se avance hoy, tanto por la previsión en la recaudación de impuestos que comparten con el Ejecutivo central, como por la dotación de las transferencias.

Las Comunidades deben reducir su déficit en 15.600 millones y los Ayuntamientos en algo más de 1.000. Tres gobiernos autonómicos no han aprobado aún sus presupuestos (Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias) y el resto deberán asumir las nuevas previsiones de ingresos, lo que se traducirá en más recortes de gastos. Las Comunidades también estarán pendientes de si el Gobierno cumple con los compromisos de inversión (más de 4.000 millones) recogidos en los estatutos autonómicos.