La 'ley Sinde' de EE UU, un terremoto

Un apagón digital protagonizado por Google, Yahoo, Twitter, Facebook, Paypal, AOL, Amazon, Mozilla y otras grandes ciberempresas debe ser algo bastante parecido al fin del mundo en el siglo XXI. Su desconexión voluntaria, aunque solo fuera durante algunas horas, supondría sufrir y provocar perdidas económicas millonarias y colapsar el tejido económico y social de Estados Unidos. Es poco probable que algo así ocurra... pero no es imposible. Todas esas empresas, integradas dentro de la plataforma Netcoalition.com, han discutido la posibilidad de protagonizar un apagón digital este mes como medida de presión contra el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act), una especie de ley Sinde que desde el pasado octubre se discute en el Congreso estadounidense. Así lo sugirió recientemente Markham Erickson, presidente de Netcoalition y lo ha confirmadoa este diario su portavoz Jake diGregorio, aunque reconoció que se trataba, de momento, "solo de una idea".

La ley criminaliza también webs y blogs situados fuera de Estados Unidos

Se obliga a los servidores a bloquear servicios cuando hay delito

La SOPA, que en su versión en el senado lleva las siglas PIPA y que será votada en esa cámara el próximo 24 de enero, ha puesto en pie de guerra a todo el planeta digital estadounidense, prácticamente sin excepciones. Propuesta el pasado octubre por el congresista republicano Lamar S. Smith y una coalición bi-partidista, la SOPA aspira a reforzar la persecución de la piratería digital otorgándole al Departamento de Justicia estadounidense el poder de criminalizar a toda web que aloje contenidos ilegales, desde un blog anónimo en Rusia a la mismísima red social Twitter si un usuario tuitea un link a una web con contenido ilegal. Las webs ubicadas fuera de Estados Unidos, que hasta ahora estaban a salvo de la justicia estadounidense, se convierten así en una de sus principales dianas. ¿Cómo? A diferencia del Digital Millenium Copyright Act, por el que se regía la persecución de la piratería online desde 1998 y que simplemente obligaba a una web a retirar el material ilegal (por ejemplo un vídeo de Youtube), la SOPA impone a los proveedores de internet, a los motores de búsqueda, a las empresas de publicidad y a las de pago online bloquear los servicios a escala mundial de toda web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia. Además obliga a los proveedores de dominios, (la gran mayoría están alojados en Estados Unidos, aunque la web esté por ejemplo en España), a inhabilitar toda web sospechosa, provocando de facto su desaparición de la red. De lo contrario, ellos mismos se exponen a entrar en la lista negra.

Y eso, al margen de que la violación de derechos de autor conlleve o no un beneficio económico para la web que infringe la ley. Por ejemplo Wikileaks, que se ha dedicado a filtrar gratuitamente informes gubernamentales y por tanto protegidos por la legislación de propiedad intelectual, sería fulminada en el acto si la SOPA se aprobara.

"La gravedad de la ley reside en la vaguedad de su lenguaje, que puede interpretarse de forma tan amplia que desde los proveedores de Internet a los propios usuarios podrían convertirse en objeto de persecución legal", explicó a este diario Jake diGregorio. "Creará nuevas herramientas para silenciar la libertad de expresión en Internet", advierte la Electronic Frontier Foundation.

La SOPA ha puesto de manifiesto la gran brecha conceptual entre el mundo digital y el de las empresas tradicionales de contenidos. Como afirmaba recientemente en The New York Times el especialista en tecnología David Carr, "las empresas digitales ven la SOPA como una peligrosa y destructiva amenaza para la libertad en la web, acercándose a una regulación intrusiva como la que ha convertido China en el villano de los ciudadanos de la red". Esas empresas, encabezadas por gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Yahoo o AOL enviaron en diciembre una carta al Congreso estadounidense subrayando su apoyo a los objetivos de la ley -luchar contra la piratería y reforzar las herramientas para combatir las páginas ubicadas en el extranjero que violan los derechos de autor- pero advirtiendo que tal y como estaba redactada "expondría Internet y las empresas a nuevas e inciertas amenazas, les privará de derecho de acción y obligará a controlar las webs". O lo que es lo mismo, a censurarlas.

Los dos grandes defensores de la SOPA son la Motion Picture Association of America (MPAA) que agrupa a las grandes productoras de cine estadounidense y la Recording Industry American Association (RIAA), que agrupa a las grandes discográficas. Además otras 140 empresas cercanas a ellas les apoyan. Según la MPAA, Estados Unidos pierde anualmente unos 46.000 millones de euros por culpa de la piratería mientras que la Cámara de Comercio de ese país, también defensora de la ley, afirma que 19 millones de puestos de trabajo están amenazados por ella.

El debate está candente y tanto el mundo internauta (Arianna Huffington, Jack Dorsey, Jimmy Wales o la Online News Association) como el de los defensores de las libertades civiles (desde la ACLU a Human Rights Watch) están luchando para cambiar el texto de la SOPA, cuya posible inconstitucionalidad ha sido denunciada por más de 100 profesores de leyes, que así se lo han hecho saber al Congreso.

Una cosa queda meridianamente clara: la ley Sinde en su versión estadounidense ya ha provocado bajo su suelo un auténtico terremoto.