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El Gobierno catalán aguó ayer cualquier expectativa sobre el impuesto para las grandes fortunas que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, defendió el martes cuando intentaba acallar las voces que le acusan de hacer regalos fiscales a los ricos mientras recorta los servicios sociales.
La esperanza no la han perdido y muchas entidades sociales con centros concertados por la Generalitat -geriátricos y centros para discapacitados, personas con problemas mentales y drogodependientes- confían en que el anunciado impago de dos meses no sea así. Critican que el Gobierno recorte por el sector más débil.
La guerra parece no haber acabado para Charlie. El esqueleto del valiente brigadista que defendió hasta la muerte su posición durante las postrimerías de la batalla del Ebro y fue hallado el jueves pasado in situ es objeto de conflicto entre el equipo que lo encontró y la Generalitat, que exige los restos.
La Generalitat no tiene por qué informar y el Departamento de Economía, tampoco. El Gobierno catalán se negó ayer a ofrecer datos de cuánto supone la congelación durante dos meses de parte de los pagos a hospitales concertados y de todo el copago a residencias de ancianos, discapacitados y drogodependientes.
Amadou, Abdourakhmane y Oumar podrán vivir 10 días más en su piso de Rubí (Vallès Occidental) gracias a un error burocrático. La orden judicial fijaba el día de ayer como fecha del desahucio, pero fue aplazado porque a los abogados y al procurador les constaba que el desalojo debía producirse hoy.
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