La trama de Hacienda

La Audiencia de Barcelona ha condenado a la cúpula de la Inspección de Hacienda de Cataluña en la década de 1990 y a conocidos empresarios a severas penas de prisión, por orquestar una trama corrupta para defraudar al erario público millonarias sumas de dinero. Los delitos perpetrados son los peores que puede cometer un alto funcionario público (cohecho, falsedad documental, prevaricación y omisión del deber de perseguir determinados delitos). Los inspectores de Hacienda que tenían que velar por el interés general y los caudales públicos se enriquecieron, a cambio de tejer "un manto de silencio" sobre las empresas que tenían que investigar, según los jueces.

La sentencia llega 12 años después de destaparse el caso y tras un complejísimo proceso. Aunque tarde -debido, entre otras causas, a las tácticas dilatorias de los abogados-, la justicia ha sido implacable con los acusados, entre los que figura el expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez. Aquellos años en los que se cometió el fraude fueron tiempos en los que se tejieron lazos muy estrechos entre algunos sectores políticos del pujolismo, que gobernó Cataluña durante 23 años, la justicia y las finanzas. De ahí que la condena sea una señal pertinente de que tampoco para esos acusados hay impunidad y que la aplicación del Código Penal es extensiva a todos los individuos, independientemente del estrato social al que pertenezcan. La contundencia de la sentencia se ha visto empañada, sin embargo, por la negativa del tribunal a encarcelar a los tres inspectores más implicados en la trama corrupta como reclamaba el fiscal que lleva el caso; una oportunidad perdida para haber enviado un mensaje inequívoco sobre la persecución de este tipo de organizaciones delictivas en un momento de especial sensibilidad social entre los sectores más desfavorecidos y, en consecuencia, más afectados por la crisis actual. La trama catalana de Hacienda se inscribe justamente en la cultura del pelotazo y el enriquecimiento rápido que tanto ha facilitado la crisis posterior y que es imperativo perseguir.

El caso llevó a dimitir en 1999 al candidato socialista a La Moncloa, José Borrell, por haber nombrado a algunos de esos inspectores implicados en la trama. Fue una asunción de responsabilidades que algunos políticos, ellos sí implicados directamente en tramas corruptas, parecen desconocer.