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Vida&artes

Guerra entre la basura por un negocio millonario

La Ley de Residuos abre la puerta a cobrar por los envases, lo que rompería el modelo de reciclado actual - El consumidor paga 500 millones al año por un sistema poco controlado

La Ley de Residuos puede parecer inocua, blanca, limpia, ambiental y técnica. Sin embargo, la norma, aprobada el jueves en el Congreso, ha generado una guerra entre grupos de presión con pocos precedentes en el medio ambiente. A un lado, los partidarios de regresar en España al sistema de devolución de algún tipo de envase para recuperar el recargo que se colocará en el precio (la tradicional devolución del casco que estuvo en vigor durante décadas). Enfrente, los actuales sistemas de gestión de residuos. En medio, un botín de unos 500 millones de euros al año que sale del consumidor sin apenas control, según reconoce el Ministerio de Medio Ambiente. El resultado es una norma que no contenta a ninguno porque deja abierta la puerta a cobrar por los envases pero lo supedita a futuros estudios. La guerra no ha hecho más que comenzar.

Solo un 15% de los residuos urbanos se separa correctamente

Teresa Ribera: "Sorprende la visceralidad de los ataques a la ley"

Pagar por latas y botellas supondría un gran cambio en la vida cotidiana

Con ese sistema recoger una lata del suelo sería como coger una moneda

Preocupa la opacidad de la actual gestión de los recipientes

Greenpeace: "España, de los que menos recicla y más engaña"

La secretaria de Estado de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Teresa Ribera, defiende que España tiene un problema serio con la basura: "De los 23 millones de toneladas de residuos urbanos solo hay un 15% correctamente separado. Los residuos crecen más que el PIB y la población, así que hay un margen importantísimo para la mejora".

Ribera explica que le ha sorprendido "la visceralidad de los ataques" a la ley durante la tramitación: "Un legislador responsable debía incluir la posibilidad de establecer un sistema de depósito y retorno sin que eso signifique que se vaya a hacer sin consenso".

Básicamente el sistema consiste en imponer un recargo en los envases más valiosos, como las latas de bebida (fabricadas con aluminio o acero). Al devolver las latas a una máquina que se encargaría de triturarlas el consumidor recuperaría ese recargo (25 céntimos por lata es la cifra más citada).

Con ese sistema, Alemania ha conseguido grandes cifras de recogida de estos envases, como defiende la Fundación Retorna, un grupo con ecologistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, pero también Comisiones Obreras, la organización de consumidores CECU o empresas de residuos de Cataluña. La fundación no niega que cuenta con financiación de Tomra, un fabricante noruego de máquinas para recoger estos envases.

Y aunque aplauden aspectos concretos de la ley, como el nuevo sistema de recuperación de envases, la consideran insuficiente en otros aspectos. Para Retorna, las nuevas vías que se abren a empleos cualificados son una excelente noticia. Cifran los nuevos puestos de trabajo en 14.000. Pero CC OO califica la ley en su conjunto como "una oportunidad perdida" y el responsable de residuos de Greenpeace, Julio Barea, admite que le produce una sensación "agridulce".

Los encargados de defenderlo han presentado estudios e incluso una encuesta a más de 2.000 personas sobre cómo los consumidores preferirían pagar más si de verdad se reciclara. La aplicación supondría un gran cambio en la vida cotidiana de millones de personas, pero a la vez generaría un residuo de valor y fácilmente reciclable y desaparecerían de parques y calles latas y otros envases porque tendrían un valor. Recoger una lata del suelo sería como recoger una moneda. Es lo que ha incentivado a los alemanes a convertirse en líderes europeos en la gestión de residuos: el 98% de los envases son recuperados con altos niveles de reutilización.

En contra, los actuales sistemas de gestión, Ecoembes, Ecovidrio, los fabricantes de latas, las patronales del pequeño comercio y las grandes superficies. Estos alegan que el sistema es muy caro, que les obligaría a destinar espacio a miles de máquinas, que perderían clientes, que el consumidor hará colas interminables ante las máquinas de envases y que los ciudadanos perderán dinero, porque por mucho que se recupere siempre habrá una fracción que no llegará a la máquina. Además, sostienen que el depósito sólo se aplicará a envases fácilmente reciclables pero que suponen un porcentaje pequeño del total: "Reciclas las latas, pero te dejas fuera los otros envases que ahora tratamos y que son más complicados y no son tan limpios como por ejemplolas de berberechos", explica Miguel Aballe, director de la Asociación de Latas de Bebidas.

Los actuales gestores de residuos creen que todo es una campaña lanzada para vender las 20.000 máquinas que habría que implantar y que costarían, calcula, unos 400 millones de euros. "A este desembolso inicial habría que sumar el coste anual de gestión del sistema, estimado en 570 millones de euros", señalan FIAB -la patronal de la alimentación y bebidas-, ACES, ANGED y ASEDAS, representantes de las cadenas de distribución. "En la hipótesis más favorable de una tasa de retorno del 90% de envases, el incremento del reciclado sería de sólo 2 o 3 puntos" sobre el sistema actual, añaden.

Ribera recuerda que el consumidor ya paga cuando compra un producto envasado por su reciclaje (aunque ese coste no figura en ninguna factura). Aunque entiende que los sistemas de gestión defiendan el sistema vigente, critica que acusen a Retorna de actuar de pantalla de los fabricantes de máquinas: "No se puede descalificar el depósito porque genera otra línea de negocio alternativa". Ribera destaca que España ha hecho una gran inversión en el sistema de gestión actual y que no se puede cambiar sin consenso, pero que conviene analizar y estudiar el depósito. "Puede que incluso en el futuro les interese a los fabricantes de algunos envases", apunta. La norma impide, según Ribera, que una comunidad autónoma o un Ayuntamiento -que tienen trasferidas la competencia en esta materia- implante por su cuenta el retorno, algo que temían los fabricantes. Cataluña, por ejemplo, constituye un modelo a imitar para los ecologistas.

La polémica destapa el gigantesco pastel del recicjale de envases, que el Ejecutivo cifra en unos 500 millones al año. Dinero que pagan los consumidores y que van a entes de gestión privados con escaso control público. Un sistema similar ha acabado con la Fiscalía investigando un fraude masivo en el reciclaje de aparatos electrónicos, con cientos de millones cobrados al consumidor por un reciclaje que no se realiza.

Además, queda clara la opacidad de la actual gestión. ¿Cuánto cobran los productores? ¿Cuántos envases se reciclan en realidad? Ecoembes sitúa a España en el nivel exigido por Europa, pero los ecologistas han pedido a la UE que investigue las cifras porque no le cuadran los datos. Tanto el sindicato como los ecologistas lamentan que el Gobierno haya cedido a las presiones de los empresarios del sector y denuncian, en palabras de Barea, "las tremendas mentiras que nos están contando". Barea está convencido de que Ecoembes y Ecovidrio actuan como "monopolios" en la recogida de envases, y sus cifras de residuo "no son ciertas". "España es de los países de la UE que menos recicla y que más engaña. Hemos hecho numerosos estudios y todos concluyen en lo mismo: las cifras son falsas y la situación requiere un fuerte golpe de timón que la ley no ha dado", afirma el representante de Greenpeace.

Ribera admite que "la transparencia es claramente mejorable" y explica que incluso al ministerio "le cuesta Dios y ayuda conocer los datos" de los sistemas de gestión, Ayuntamientos y comunidades: "Es muy difícil saber cuánto se está reciclando", concede la secretaria de Estado, que destaca que la ley mejora las obligaciones de transparencia. Diferencias aparte, la nueva ley entierra la cultura del usar y tirar, propio de los tiempos de bonanza.

Sin bolsas en 2018

Las bolsas de plástico de un solo uso (las de plástico fino que a menudo reparte el pequeño comercio) tienen los años contados. La ley ha fijado un calendario de desaparición gradual que culminará en 2018.

Alfonso Biel, director general de Sphere en España, el principal fabricante de bolsas, es muy crítico con la ley: "Se perderán 5.000 o 6.000 empleos. Atacan a las bolsas, pero crecen otros envases como los de la comida, que se están multiplicando". Biel afirma que, según los datos que da el sector, cada español usa una media de 350 bolsas al año, algo que considera asumible. Añade que desde que grandes superficies cobran por las bolsas -algo que negociaron con Medio Ambiente- sus ventas ya han caído entre un 30% y un 35%.

Pero para el Gobierno las bolsas de plástico son solo un punto más de la insostenible generación de residuos. En 2008, Medio Ambiente anunció que las prohibiría en 2010, pero el plazo se ha alargado en el debate.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de julio de 2011

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