Más mano dura contra las entidades de gestión

Más control sobre las entidades de gestión, auditorías públicas y obligatorias para estas entidades, un régimen sancionador severo para que cumplan con sus obligaciones y, por último, la celebración de una conferencia sectorial de Cultura para aclarar las competencias en torno a estas sociedades fueron las cuatro propuestas que lanzó ayer la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la Comisión de Cultura del Congreso, donde compareció para tratar la crisis de la Sociedad General de Autores. La comparecencia de la titular de Cultura se centró en intentar demostrar que su departamento no tiene competencias en la materia y para ello realizó un exhaustivo relato sobre el marco normativo en torno a las entidades de gestión, con sentencias incluidas, como la del Tribunal Constitucional de 1997.

José María Lasalle (PP): "Es usted responsable de lo que está ocurriendo"

"La vigilancia de las entidades de gestión depende de las comunidades autónomas", aseguró González-Sinde en una comparecencia seguida con expectación. Sinde se refirió a las "lagunas legales" y "laberintos jurídicos" en el tema de las entidades de gestión, de las que dijo que de las ocho que existen en España solo recaen graves acusaciones sobre una. "Estas irregularidades son una excepción".

González-Sinde apuntó al mandato de Esperanza Aguirre como titular de Cultura, porque fue cuando se autorizó a las entidades de gestión a crear sociedades mercantiles, como la SDAE, la filial digital de la SGAE, epicentro de la presunta trama corrupta. "De esas sociedades mercantiles es de donde ha venido el problema", dijo la ministra, para quien las entidades de gestión deben de seguir siendo sociedades sin ánimo de lucro. Sin embargo, ninguno de los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Socialista, creyó a la ministra en su afirmación sobre la falta de competencias en torno a la fiscalización de la SGAE. El primero fue el diputado del BNG, Francisco Jorquera, quien explicó que la sentencia del Constitucional a la que se refirió la ministra solo se refiere al caso de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco. Más duro fue Joan Tardà (ERC), que calificó de "impúdico e impropio de alguien de izquierdas echar el muerto a otros". Aitor Esteban, del PNV, se mostró "indignado" por la intención de quitarse las responsabilidades de encima. "¿Por qué no cambió la ley?", le preguntó Esteban. Cuando llegó el turno de José María Lasalle del Partido Popular el ambiente estaba un poco caldeado, después de que la diputada de CiU Montserrat Surroca calificara de "inadmisible" que ahora, cuando salta el escándalo, se ponga el foco en las comunidades autónomas.

Lasalle tuvo una intervención dura e ironizó sobre la pretensión de "echar la culpa" a Esperanza Aguirre. "Es usted responsable política directa de lo que ha estado sucediendo en las entidades de gestión en la medida en que la sentencia del Tribunal Constitucional no la exonera de responsabilidad". Lasalle añadió que si Cultura tiene competencia para autorizar y revocar la creación de entidades de gestión también lo tiene para intervenirlas. El único que salió en defensa de la ministra fue José Andrés Torres Mora, portavoz socialista de Cultura: "El ministerio no tiene medios para detectar esos delitos que pasan por debajo del radar, para eso están la fiscalía y la Audiencia Nacional".

En medio del debate surgió la necesidad de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, solicitada por todos los grupos pero sin acuerdo en cómo se debe de afrontar. Al final llegó el rifirrafe entre Sinde y Lasalle, cuando la ministra habló de las "buenas" relaciones de los directivos de la SGAE con políticos del Partido Popular como Mariano Rajoy, que recibió la medalla de oro de la entidad, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón o algunos Ayuntamientos de Madrid ligados al PP. Lasalle le pidió la publicación de todas las medallas de oro que ha concedido la SGAE. Esto ya será en otra ocasión.