Una casada a la fuerza sienta a su marido ante el juez

Nadia E., mujer de 21 años que se mudó de Marruecos a La Seu d'Urgell (Lleida) hace dos años, denuncia que no podía salir de casa sin emplear prendas que ocultaran todo su cuerpo. Tampoco aprender castellano. Eran dos de las presuntas imposiciones de su esposo, con el que se casó en una boda concertada por los padres de ambos en su país natal. "Mi marido me obligaba a salir a la calle con velo", declaró la joven al Juzgado de lo Penal número 1 de Lleida el pasado martes. El esposo, Jamal D., marroquí de 27 años, se enfrenta a tres años y medio de prisión por los delitos de maltratos y amenazas. La Fiscalía sostiene que mantuvo a su esposa bajo "un régimen de terror" durante dos años. Nadia aprovechó una visita a su familia a Marruecos el verano pasado para denunciar los hechos y nunca regresó al domicilio conyugal. Actualmente vive en Fuengirola, acogida por unos familiares del acusado.

El acusado dice que la mujer pretende romper el enlace sin devolver la dote

La tradición de que los progenitores concierten matrimonios, fuertemente arraigada en zonas rurales del Magreb, tiende a repercutir en una convivencia con tintes opresores que la justicia española considera delito. Pero para detectarlos, estos malos tratos deben denunciarse. Y pocas inmigrantes, mujeres que suelen vivir en un entorno aislado y precario, se atreven a cruzar el umbral de la comisaría como hizo Nadia. El choque cultural es mayor cuando los enlaces se producen con mujeres menores de edad que, tras casarse, viajan a España.

"La mayoría de veces la víctima no es consciente de que sufre abusos y de que puede denunciarlos. Aisladas en su cultura y en la comunidad de su país de origen, suelen considerar que esta situación es normal o sienten que si van a la policía serán mal vistas", precisa Hadar Saabi, musulmana marroquí y ponente de varios congresos de feminismo islámico en España. Los expertos asumen que estos enlaces concertados propician situaciones de sometimiento que el proceso de la inmigración ha trasladado a España.

La policía de este país, de hecho, define estos enlaces como "matrimonios forzosos" y en Cataluña se lucha contra ellos pese a que el código penal no las contempla. Los Mossos d'Esquadra aseguran haber evitado una cincuentena de enlaces desde 1999. El caso de Nadia ilustra que estas bodas suelen celebrarse en el país de origen de los inmigrantes, por lo que evitarlas suele ser una tarea compleja. Nadia se casó en Marruecos y solo se trasladó a España cerca de un año después.

La víctima explicó en el juicio que él controlaba todos sus movimientos, obligándole a decir la hora de salida y entrada de casa, adónde iba y el nombre de las personas con las que hablaba. Relató que su marido la controlaba incluso cuando iba a comprar el pan y que la obligaba a tener las ventanas de casa cerradas. La mujer añadió que el marido la insultaba y abofeteaba de forma habitual. En una ocasión también le amenazó de muerte diciéndole que la lanzaría por el balcón.

El esposo negó los hechos y relató que la supuesta víctima solo pretende acabar con el matrimonio de conveniencia que les unió a los 15 días de haberse conocido. La tradición, sostiene el acusado, establece que si la esposa quiere romper el matrimonio, su familia debe devolver la elevada cantidad de dinero que recibió por la boda de la familia del marido. La denuncia por malos tratos, según la defensa, sería solo una estratagema para lograr el divorcio sin devolver esta cantidad.

La abogada del acusado solicita la libre absolución por falta de pruebas. Aduce que no existen testigos de los supuestos malos tratos denunciados, ni partes médicos que acrediten lesiones sufridas como consecuencia de la violencia, ni informes psicológicos, ni concreción en las fechas.