Consecuencias de la sentencia del Supremo
La anulación de las listas de Bildu por parte del Tribunal Supremo ha provocado su primera consecuencia política de gran calado. El PNV, que ha facilitado la gobernabilidad de España en el último año como principal aliado del PSOE en el Congreso, suspendió ayer "toda colaboración" con el Gabinete de Zapatero "para sus nuevas iniciativas".
La sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que anuló las 254 listas electorales de Bildu afirma que esta coalición se ha erigido "en un cauce simulado y fraudulento" para "permitir el acceso de ETA-Batasuna a las instituciones", y los partidos EA y Alternatiba habrán de cargar con las consecuencias.
El Tribunal Constitucional tiene dos caminos para dirimir antes del próximo viernes, día de comienzo de la campaña electoral, si Bildu, coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba -una escisión de Ezker Batua- e independientes vinculados a Batasuna, puede presentarse a los comicios del 22-M.
Pocas veces el Gobierno se ha visto atrapado entre dos fuegos tan antagónicos como los que ha generado el debate sobre la legalización o no de la coalición Bildu. Por un lado, se ha visto presionado por el PP para que impugnara ante el Supremo para impedir la presencia de la coalición el 22-M, cosa que hizo.
El sábado en Badalona y el domingo en Tortosa. Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana, se implicará en la campaña electoral para justificar el alcance de los severos recortes de su Gobierno en la sanidad y contrarrestar así los ataques de los antiguos socios del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), que le acusan de estar desmantelando el Estado del Bienestar.
Son días ajetreados en los cuarteles centrales de los partidos y sobre todo en sus satélites demoscópicos. Las encuestas sobre lo que podría suceder el 22-M se multiplican. Las propias y las que publican, encargan y pagan los medios de comunicación. Se mira y escruta todo.
Al hilo de las encuestas sobre el 22-M que le son notablemente favorables, distintos dirigentes del PP se lanzaron ayer a pedir un amplio respaldo en las elecciones municipales y autonómicas que sirva para forzar una convocatoria anticipada de elecciones generales.
Los cuatro hijos y herederos del fallecido Jesús Gil deberán reintegrar al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 66,5 millones de euros que se volatilizaron de las arcas municipales entre 1994 y 1999, años en los que su padre fue alcalde. Además, los descendientes del controvertido regidor tendrán que abonar otros 39,15 millones por los intereses.