La fiscalía egipcia detiene a Mubarak por corrupción y abuso de poder

Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde 1981 hasta el pasado 11 de febrero, fue detenido ayer bajo sospecha de corrupción durante su mandato y abuso de poder durante la represión de las masivas manifestaciones que acabaron forzándole a dimitir. También fueron detenidos sus hijos Alaa y Gamal. La ley egipcia permite detenciones de 15 días prorrogables indefinidamente para interrogar a presuntos delincuentes. Esa ley, que Mubarak utilizó metódicamente para encarcelar sin cargos a opositores, es la que ahora se le aplica a él y su familia.

Mubarak, de 82 años, ya fue sometido a un primer interrogatorio el martes. Durante el mismo sufrió una crisis nerviosa y fue trasladado a un hospital de Sharm el Sheij, la localidad del mar Rojo a la que se retiró tras la dimisión.

Se investiga si el 'rais' ordenó a la policía disparar a los manifestantes

La Fiscalía General decidió ayer que había motivos para detenerle y, según fuentes oficiales, el expresidente fue conducido en secreto a un hospital de El Cairo bajo vigilancia policial. Sus dos hijos, Gamal, que hace solo tres meses parecía destinado a suceder a Hosni Mubarak en la presidencia, y Alaa, también fueron conducidos desde Sharm a la prisión cairota de Tora.

El ingreso de Gamal y Alaa, ambos multimillonarios, en la cárcel resultó altamente simbólico. Tora, donde se encontraban ya el ex primer ministro Ahmad Nazif y otros antiguos altos cargos del régimen, era la prisión donde durante décadas miles de opositores, en especial los islamistas, habían sido encarcelados sin cargos ni juicio y torturados. Tora también fue utilizada para que la policía egipcia interrogara bajo tortura a varias personas detenidas por la CIA en diversos países en su "guerra contra el terrorismo".

La Fiscalía General (cuyos miembros fueron nombrados en su momento por Mubarak) indicó que los presuntos delitos del expresidente se centraban en dos ámbitos: el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder cometido al ordenar a la policía que disparara contra los manifestantes. Las cifras de muertos en la revuelta iniciada el 25 de enero aún son confusas. El Ministerio de Sanidad habla de más de 800, el Ejército, de 365, y el Frente de Defensa de los Manifestantes, un grupo humanitario de Egipto, de 685.

La detención de los tres Mubarak parecía muy directamente relacionada con la presión popular. El pasado viernes, decenas de miles de manifestantes volvieron a concentrarse en la plaza de Tahrir para reclamar el encarcelamiento del expresidente y sus hijos. A la mañana siguiente, bandas de matones con porras desalojaron a quienes habían acampado en la plaza y el Ejército detuvo a centenares de manifestantes que intentaban huir. Dos personas murieron en los disturbios. Para mañana estaba convocada una nueva protesta en Tahrir con la misma exigencia de encarcelamiento.

La decisión de la fiscalía, controlada, como todos los resortes del poder, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pareció contentar a amplios sectores de la población. Gamal, el hijo destinado a la sucesión, impulsor de una campaña de privatizaciones que generó fortunas para él mismo y su círculo de amistades político-empresariales, era especialmente impopular. Cuando un furgón policial se llevó a los dos hermanos del palacio de Sharm, cientos de personas arrojaron piedras y zapatillas contra el vehículo.

Resultaba difícil imaginar que la fiscalía pudiera llevar hasta el final sus acusaciones contra Mubarak, dado que la cúpula militar que asumió el poder el 11 de febrero es tan corrupta como el antiguo rais y, como él, practica con suma liberalidad las detenciones arbitrarias y las torturas.