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ESTADO DE ALARMA | Las reacciones políticas

Respaldo político al Gobierno para frenar a los controladores y aplicarles sanciones

Los partidos apoyan la exigencia de responsabilidades, pero piden explicaciones al Ejecutivo - PSOE y PP se enzarzan sobre las circunstancias del conflicto

"Deben saber que quien le echa un pulso al Estado pierde", advirtió ayer Alfredo Pérez Rubalcaba a los controladores áreos.

El vicepresidente primero y ministro del Interior se refería a la determinación del Gobierno para frenar las protestas encubiertas de los controladores y para exigirles responsabilidades por haber bloqueado el tráfico aéreo. Esa determinación se concreta en la decisión de decretar, por primera vez en la historia democrática, el estado de alarma en España, en la apertura de 442 expedientes disciplinarios a los que dejaran de acudir el viernes a las torres de control de los aeropuertos y en la dispoción a proceder penalmente contra los responsables. El Gobierno, además, no descarta ampliar el estado de alarma cuando acabe el plazo legal de 15 días, precisamente para garantizar que en navidades no se reproduzca el caos aéreo. En ese caso, la decisión la tendría que tomar el Congreso de los Diputados.

Sáenz de Santamaría: "Apoyaremos cuantas medidas sean necesarias"

El mínimo común de todos los partidos ha sido el rechazo absoluto a la actuación de los controladores y el apoyo al Gobierno para que les exija responsabilidades y les limite los privilegios o la capacidad de actuación. Más allá de eso, sí hay algunas diferencias políticas que anticipan discrepancias políticas sobre el caso y mucho codazo y patada entre los dos grandes partidos.

Ayer, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, matizó la posición inicial de su partido, concretada la víspera por Esteban González Pons de forma mucho más crítica.

"El PP apoyará cuantas medidas sean necesarias para restablecer el tráfico aéreo, la seguridad y bienestar de los ciudadanos y ayudar a superar esta desgraciada situación", aseguró Saénz de Santamaría.

A partir de ahí, los dos grandes partidos mantienen discrepancias en los segundos escalones sobre detalles de la crisis. Por un lado, el PP no renuncia a usar la situación para desgastar a José Luis Rodríguez Zapatero, en el momento en el que le ve contra las cuerdas y con encuestas tan adversas como la de Metroscopia publicada ayer en EL PAÍS. Intenta evitar que el Gobierno rentabilice la dureza contra el colectivo laboral que con toda seguridad es el más rechazado hoy por los ciudadanos. Es decir, que Zapatero no se beneficie de lo que se conoce como el efecto rally round the flag, según el cual cuando se percibe amenaza nacional, se prima a quien gobierna con un aumento en su valoración. Para eso, el PP se aferra a que el presidente del Gobierno no ha dado la cara y ha dejado en manos de su número dos la comunicación a los ciudadanos. También a que la víspera del puente se aprobara con supuesta inoportunidad el decreto que recorta los privilegios de los controladores. Por eso, otros portavoces del PP desbordaron la posición de apoyo al Gobierno.

Y el PSOE mantiene abierta la polémica sobre supuestos contactos del PP con los controladores en los días previos. Cita como prueba una reunión en el Senado el pasado 3 de noviembre en el comedor del Congreso en la que también estuvieron presentes los portavoces de Fomento de todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE.

Después, el senador del PP Ignacio Burgos le preguntó al presidente de AENA: "¿Vamos a tener unas navidades tranquilas?". Y el senador Juan Luis Gordo, portavoz del PSOE, respondió en su turno: "La respuesta creo que la tienen ustedes, porque, a todas luces, ustedes son los interlocutores; y, por los numerosos encuentros que tienen en esta Cámara, posiblemente nos puedan informar. Les agradecería que no pierdan el Norte. Los intereses de España están por encima de los intereses de cualquier colectivo".

Otro matiz a la posición unánime es que los partidos de la izquierda minoritaria del Congreso apoyan la dureza contra los controladores, pero son críticos con la aplicación del estado de alarma. Joan Ridao (ERC) pide que se levante el decreto, una vez lograda la normalidad y Gaspar Llamazares cuestiona, incluso, que fuera aplicable en este caso.

CiU apoya totalmente la actuación del Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de diciembre de 2010