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ANÁLISIS | Estado de alarma | Las reivindicaciones

Frente al chantaje, legalidad y firmeza

El Gobierno ha hecho frente a la crisis más grave sufrida nunca por nuestro tránsito aéreo con firmeza y con eficacia. Solo 24 horas después del inicio de una huelga salvaje por parte de los controladores, el Gobierno ha logrado establecer el principio de la normalidad en el transporte aéreo español.

La acción del Gobierno ha tenido como objetivos:

1) La seguridad de los viajeros, por eso no se ha reabierto el tráfico hasta que no se han dado las condiciones debidas.

2) La información y la atención a los afectados, por eso las comparecencias públicas han sido continuas y se han dispuesto alternativas viables de transporte.

3) El reestablecimiento del tráfico, por eso se ha obligado a los controladores a volver a sus puestos mediante el Estado de Alarma y la militarización del servicio.

Se aprobó el decreto el viernes porque era urgente clarificar las horas extra

4) La prevalencia de la ley, por eso se ha dicho no a los privilegios injustificados, no al chantaje y no a la impunidad de quienes toman a los ciudadanos como rehenes.

5) La garantía de que esta situación no vuelva a producirse en el futuro.

¿Por qué se aprueba el decreto precisamente ahora? Porque era imprescindible y urgente clarificar la contabilidad correcta de las horas de trabajo, evitando así que cientos de controladores cumplieran su amenaza de abandonar en este puente los puestos bajo el argumento falso de que ya habían cumplido el tope máximo legal de 1.670 horas por año. El Decreto ha posibilitado una respuesta pronta y eficaz a la crisis.

Los controladores han ocasionado un grave daño a la sociedad y a la economía española y deben pagar por ello. Los expedientes disciplinarios abiertos completarán su curso hasta el despido de quienes lo merezcan. Y las diligencias abiertas por la fiscalía culminarán con la ejecución de las penas que corresponden a los delitos cometidos.

El propósito de esta huelga salvaje consistía en doblar el brazo al Estado para dejar sin efecto la ley que ha puesto fin a unos privilegios desmesurados: la contabilidad de un tercio de la jornada habitual como horas extraordinarias para sumar salarios de entre 350.000 y un millón de euros anuales, la jubilación a los 52 años con salario íntegro, la autoorganización del trabajo al margen de las necesidades del servicio, y el control del acceso a la profesión para los más allegados. El Gobierno no podía y no debía transigir.

No es cierto que los controladores hayan sido objeto de vulneración en sus derechos laborales o que no tuvieran más opciones de propuesta o protesta. Cada medida gubernamental ha sido confirmada por los tribunales de justicia, las vías de negociación con AENA siempre han estado abiertas con el único límite de la ley, y siempre podían haber acudido a las movilizaciones que prevé nuestro ordenamiento, hasta la huelga. Eso sí, con preaviso de 15 días y servicios mínimos.

El PP tiene responsabilidad propia en esta crisis, porque el convenio que otorgó en 1999 unos privilegios y un poder desorbitado a los controladores fue obra suya. Y ahora han perdido una buena oportunidad para situarse del lado del Gobierno, la ley y el interés general. El ansia de poder les ha llevado al bando equivocado. Una vez más.

Rafael Simancas es portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de diciembre de 2010