Las cuentas de la legislatura

Las cinco enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 serán rechazadas hoy en el Pleno del Congreso con una mayoría absoluta de 177 diputados formada por el PSOE (169), PNV (6) y CC (2) y una abstención (UPN). Queda así descartada -o cuando menos alejada- la disolución adelantada de una legislatura que concluye oficialmente en marzo de 2012. La marcada tendencia a la baja registrada por las encuestas sobre la intención de voto socialista -la caída en las últimas semanas la situó por debajo del 30%- había ya advertido al presidente Zapatero acerca del riesgo de que la devolución al Ejecutivo del proyecto de las cuentas del Estado provocara indirectamente una estrepitosa derrota del PSOE. Se entienden de esta forma los esfuerzos redoblados del Gobierno para conseguir los apoyos parlamentarios que le permitieran cerrar el paso a esa eventualidad, en espera de una mejoría de sus oportunidades electorales inducida por el enderezamiento de la situación económica, los errores del PP o la eventual capitulación de ETA.

La alianza del Gobierno con PNV y CC logrará derrotar las cinco enmiendas a la totalidad de los Presupuestos

La política española reciente ofrece ejemplos de todos los gustos sobre la resistencia de los partidos en el poder cuando las chimeneas de los sondeos demoscópicos despiden humo negro acerca de su suerte electoral y los dirigentes de la oposición empiezan a probarse la ropa de ministro colgada en el armario del Estado. El monumental descalabro de UCD en octubre de 1982 hubiera sido menos estrepitoso de haberse celebrado las elecciones un año antes; por el contrario, Felipe González, derrotado solo por 300.000 votos en marzo de 1996 precisamente a causa del adelanto de las elecciones provocado por la devolución de los Presupuestos, tal vez habría derrotado a José María Aznar si la legislatura 1993-1997 hubiese consumado su duración.

La lógica parlamentaria de las combinaciones entre partidos con diferente ideología y los usos políticos de la democracia representativa justifican sobradamente los pactos presupuestarios materializados en el Pleno del Congreso de esta semana. Mientras el Gobierno necesita tiempo para invertir sus desastrosas expectativas electorales, PNV y CC obtienen -como grupos nacionalistas- reivindicaciones de orden territorial en beneficio de sus respectivas comunidades autónomas y se aseguran de que las legislativas no coincidirán con las autonómicas y las municipales del próximo 22 de mayo transmitiéndoles su poderosa carga de polarización a escala nacional en demérito de los problemas específicamente regionales y locales.

La decepción del PP ante el pacto presupuestario no justifica la subasta al alza emprendida por sus dirigentes para formular conjeturas entroncadas con las groseras teorías de la conspiración y de la ruptura de la unidad de España procedentes de la anterior legislatura. Según Rajoy, un "sindicato de intereses" habría prevalecido sobre el "interés general" de España del que los populares serían los únicos y exclusivos intérpretes. El escurridizo Esteban González Pons -vicesecretario de Comunicación del PP- expresa su angélica curiosidad acerca de "si la izquierda abertzale y ETA han estado presentes en la negociación" del pacto presupuestario. Y hasta la secretaria general Cospedal -habitualmente más sensata y razonable que sus exaltados colegas- reclama "luz y taquígrafos" acerca del acuerdo y acusa a Zapatero de "traicionar a los españoles" con su firma. Los populares no solo parecen haber olvidado sus exitosas negociaciones para conseguir en 1996 la investidura de su candidato presidencial con el apoyo de un PNV presidido por Arzalluz ("he conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González") y su fogosa aunque breve luna de miel posterior. También hacen gala nuevamente de su imprudente falta de sensibilidad con los nacionalismos periféricos, que serían sus obligados socios en el Parlamento si el PP ganase por mayoría simple las próximas elecciones.

El entendimiento entre el Gobierno y la representación parlamentaria del nacionalismo vasco se inscribe, en cualquier caso, dentro del marco de la Constitución y en el contexto del Estatuto de Gernika, cuya vigencia fue dejada entre paréntesis durante una década por el lehendakari Ibarretxe. Y aunque el Gobierno de Vitoria, presidido por Patxi López, gestionará las competencias sobre 20 materias pendientes de traspaso desde hace 30 años finalmente transferidas, pocas dudas caben de que ese histórico logro se lo apuntará íntegramente el PNV, el más directo adversario en las urnas del socialismo vasco.