Motín antidemocrático

El enfrentamiento a tiros entre las dos instituciones clave de la seguridad del Estado -ejército leal y policía amotinada- que ha tenido Quito por escenario ha debido trasladar mentalmente a muchos ecuatorianos a un turbulento pasado no lejano, el de un país con 10 presidentes en una década y los tres últimos depuestos en revueltas. La sorprendente estabilidad del Ecuador de Rafael Correa se quebró el miércoles. El presidente, víctima de una dramática peripecia durante horas, prácticamente televisada en directo, emerge indemne y victorioso de una rebelión policial por motivos económicos, con muertos y heridos. Pero su posición política es ahora más débil que antes de la mayor crisis de su mandato.

Protesta policial fuera de control o intento de golpe organizado, como Correa considera, el inadmisible atentado contra el sistema democrático, condenado desde los cuatro puntos cardinales, se produce en un marco de deterioro político y polarización crecientes. De él forma parte el enfrentamiento entre el presidente ecuatoriano, acusado de autoritarismo, y un Parlamento bloqueado y renuente a dar el visto bueno a sus reformas legislativas. El jefe del Estado amenaza con su disolución y gobernar por decreto hasta la celebración de elecciones, a lo que le autoriza la Constitución a su medida, aprobada triunfalmente hace dos años.

Los problemas del líder ecuatoriano, un izquierdista convencido, aunque un más que improbable líder revolucionario por su extracción social y su formación estadounidense, son básicamente económicos. Ecuador sufre especialmente la caída de los precios del petróleo -y el recorte de producción por las compañías foráneas, que se sienten amenazadas-, el descenso acusado de las remesas de sus dos millones de emigrantes y la falta de inversiones extranjeras. Se ha acabado, en consecuencia, la alegría en gastos sociales que, en la estela del chavismo venezolano, trajo consigo el boom del crudo y el impago, en 2008, de más de 3.000 millones de dólares de deuda, en aras del progresismo. Atemperado forzosamente su populismo, el presidente intenta pasar en el Congreso un programa de austeridad al que incluso se oponen en su propio partido. La poda de ingresos policiales, funcionariales en general, forma parte de él.

Es más que probable que Rafael Correa capee la crisis. Los ecuatorianos le siguen apoyando (aunque mucho menos que hace un año), el Ejército le ha demostrado lealtad durante las horas aciagas y la oposición es débil y fragmentaria. Pero resulta evidente que tendrá que negociar con sus adversarios e hilar mucho más fino en el trato con los decisivos generales, que ya le han pedido que renuncie a imponer los recortes que dispararon la sublevación. En cualquier caso, la luna de miel entre el socialista cristiano y sus compatriotas, a los que prometió una vida mucho mejor que la del fallido neoliberalismo, parece definitivamente acabada.