Ogro filantrópico o Estado débil
Dos años después de la quiebra de Lehman Brothers (se cumplen esta semana) una de las tendencias más evidentes de lo ocurrido es que el Estado, en la mayoría de los países, no ha sido aquel ogro filántrópico que calificó Octavio Paz, o el Leviatán que nos pintó la corriente dominante del pensamiento en las últimas tres décadas. Al contrario que en 1929, la acción del Estado ha reducido las posibilidades de otra gran depresión en la actual crisis, y cuando no ha intervenido -como en el caso de Lehman Brothers- se agudizó la catástrofe. La debilidad de los Estados se manifiesta ahora en forma de enormes déficits y deuda pública, que han generado la presente fase de la deuda soberana en la crisis económica.
Los impuestos sirven para equilibrar el poder político y el poder económico
Por tanto, es un buen momento para abrir el debate sobre la estatalidad: más allá del tamaño del Estado, su capacidad y poder para ejercer las funciones naturales, desde la más clásica de mantener el monopolio de la fuerza dentro del territorio (amenazado en distintos países por la penetración de potentes poderes fácticos: por ejemplo, el narcotráfico en México) hasta las más innovadoras, resultantes de la redefinición y la actualización del papel del Estado democrático en el marco de la globalización, consistentes en transformar los derechos de ciudadanía enunciados en leyes y constituciones en realidades cotidianas.
A ello dedica sus páginas el segundo informe sobre la democracia en América Latina (Nuestra democracia), que estos días presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), y que actualiza el anterior, de hace más de un lustro. Sus reflexiones generales no sirven solo para América Latina, sino que son extensivas al resto del planeta. Cuestiones que se discuten en todas partes sobre los límites y la calidad de la democracia: quién tiene el poder en las sociedades, los elegidos por los ciudadanos o los mercados financieros; qué pasa cuando el Estado carece de suficiente poder para cumplir los mandatos electorales; cómo funciona una democracia cuyo Estado y sus efectos dependen más del poder de las minorías (económicas, religiosas...) que de la legitimidad mayoritaria. Las democracias sostenibles son aquellas que logran un ejercicio efectivo de los derechos por los ciudadanos; la democracia es sostenible en la medida en que su legitimidad de ejercicio y fines se agrega a la legitimidad de origen. Sin embargo, el sistema está provocando, cada vez con más intensidad, un divorcio creciente entre los ciudadanos y sus representantes; la crisis de representación deviene en la exteriorización de las debilidades en el ejercicio y en el cumplimiento de los fines de la democracia. Una sociedad que cree poco en quienes la representan (políticos, sindicalistas, medios de comunicación, instituciones...) es una sociedad que se desvincula de la democracia.
En este contexto cobra una gran importancia la incorporación a la agenda pública del debate sobre los impuestos. Quién paga impuestos, para qué se utilizan, qué tipo de impuestos son los predominantes (los de fácil recaudación como los indirectos, o los directos), etcétera. La tributación no es solo un instrumento recaudatorio, sino una herramienta para reequilibrar el poder económico y el poder político, para sostener al sistema democrático, para que este tenga la posibilidad de distribuir la capacidad del Estado para ejecutar sus propias metas.
La capacidad fiscal de un país tiene tres dimensiones: la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, su contribución a la reducción de la desigualdad y las brechas del bienestar (el welfare), y la canalización de los ingresos públicos hacia la provisión de los bienes públicos. Los impuestos no son en sí mismos solo un instrumento recaudatorio, sino que aumentan o debilitan la capacidad del Estado para generar ciudadanía (en sus tres dimensiones, política, económica y social). Lejos de ser una materia meramente económica, como pretenden los tecnócratas, son una cuestión central para el sostenimiento de la democracia. El incremento de la capacidad tributaria, la lucha contra la evasión fiscal y el diseño de una estructura impositiva más acorde con las necesidades son elementos centrales de la democracia, dignos de figurar en el debate central de nuestros días: cómo se distribuye la austeridad necesaria en las sociedades del bienestar. ¿No es eso lo que está detrás de la huelga general convocada?
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