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Zona de facturación del aeropuerto Lleida-Alguaire / HERMÍNIA SIRVENT
El brío con el que un trabajador abrillanta los cristales de la terminal del aeropuerto de Lleida-Alguaire contrasta con la inquietante inactividad que reina en el interior de la instalación en la mañana de un día laborable como la del pasado martes: los mostradores de facturación y las puertas de embarque están cerrados, las cintas transportadoras, paradas, ningún vuelo se anuncia.
El pacto constitucional está agotado y no hay más límite que el que decida la democracia. Bajo esas dos premisas, Convergència i Unió (CiU) aprobó ayer en Lleida su programa electoral, que, con la etiqueta del derecho a decidir, incluye una decena de objetivos desde el concierto económico hasta una ley de consultas populares que no las haga depender "de la autorización del Estado".
Los partidos que forman el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) saben que las encuestas les otorgan muy pocas posibilidades de reeditar el Gobierno tras las elecciones. Pero si los nubarrones eran pocos, el presidente de la Generalitat, José Montilla, dio ayer por agotada la fórmula al asegurar que no se aliará con Esquerra (ERC) si insiste en impulsar un referéndum independentista.
El objetivo era tan ambicioso que, al final, la realidad ha acabado por imponerse. Los 100 millones de euros iniciales con los que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) pretendía renovar la totalidad del parque tecnológico de diagnóstico por la imagen de los centros públicos han quedado reducidos a 56 millones por el ingrato impacto de la crisis económica.
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