Los municipios ahogan a las constructoras

Si Urbaser cumple su promesa, los 210.000 habitantes de Jerez de la Frontera se quedarán en unos meses sin servicio de recogida de basura y limpieza. Esta filial del grupo ACS , harta de que el Ayuntamiento estirara los pagos hasta el infinito, ha anunciado que abandonará la concesión el próximo 23 de enero. La alcaldesa negocia in extremis con la empresa el pago de la deuda de 29 millones de euros y está segura de que finalmente llegará a un acuerdo.

La ciudad gaditana, una de las primeras en plantear una regulación de empleo, padece como pocas la asfixia financiera municipal. Pero el de Jerez no es un caso aislado: grandes constructoras ya han avisado de que renuncian a prestar servicios si no cobran. "Nuestro sector vive ahora la situación más grave desde el inicio de la democracia", dice Francisco Jardón, presidente de Aselip, la asociación de empresas de limpieza pública. Este representante de la patronal añade los nombres de Humanes, Alcalá de Henares, Huelva, Lepe o Chipiona a la lista de municipios que han recibido amenazas de las empresas para rescindir los contratos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dice haber alcanzado ya un acuerdo para que no se vaya Sacyr, la empresa que le presta servicios.

"Vivimos la situación más grave desde la democracia", dicen en el sector

El sur y levante es donde peor se paga. Navarra y País Vasco, donde mejor

"Nos dedicábamos a buscar clientes; ahora, a gestionar cobros"

Muchos alcaldes han renegociado a la baja lo que pagan a las empresas

El problema no es nuevo. Los primeros alcaldes de la democracia ya exigían al Gobierno a finales de los años setenta que se hiciera cargo de la deuda municipal. Pero si entonces las corporaciones locales debían a las contratas de limpieza, recogida de basuras y otros servicios medioambientales lo que hoy equivaldría a unos 150 millones de euros, la cantidad ascendía el pasado marzo a 3.425 millones de euros, según los datos que maneja Aselip, la asociación que reúne a gigantes como FCC , ACS , Ferrovial o Sacyr Vallehermoso , y cuyos miembros trabajan para 6.500 Ayuntamientos y dan empleo a 110.000 personas.

La patronal calcula que de estas facturas pendientes de pago con una antigüedad superior a 60 días, más de 1.000 millones de euros corresponden a servicios que se deberían haber pagado hace más de un año. FCC arrastra el fardo más pesado. Le siguen por orden de importancia las filiales de ACS , Ferrovial y Sacyr Vallehermoso . Las cuantías varían tanto como el paisaje de una localidad u otra. Mientras que San Sebastián de los Reyes y Aranjuez adeudan una decena de millones, Granada y Zaragoza llegan a los 40, y Alcalá de Henares, León o el Puerto de Santa María a los 50, según los datos de Aselip. Madrid, con una cantidad de varios cientos de millones, es la ganadora absoluta.

Hace meses que los números rojos se mantienen más o menos estables en torno a los 3.500 millones de euros, pero el sector denuncia que otros factores contribuyen a que la situación sea ahora más insoportable que nunca. Porque muchos municipios, asfixiados por la falta de fondos, han renegociado los cánones que pagan a las empresas. Un ejemplo destacado es el de Madrid, que ha reducido en un 15% la factura que paga a FCC por la recogida de basuras. Las empresas devuelven el golpe ofertando menos servicios y, en algunos casos, prescindiendo de trabajadores. Además, la sequía en los mercados internacionales de crédito dificulta que los grandes grupos obtengan la financiación necesaria para disimular este agujero en sus cuentas.

Todo ello hace que el presidente de Aselip y directivos de varias empresas que prefieren mantener el anonimato auguren un otoño caliente -despidos, empeoramiento sustancial en los servicios, quejas vecinales...- si no se soluciona el problema.

Tanto las empresas como las corporaciones locales están interesados en que se dé publicidad a esta situación -las primeras para que les paguen y las segundas para presionar al Gobierno con la esperanza de que les permita acceder a vías alternativas de financiación-, pero individualmente no les gusta ofrecer sus cifras: ninguno quiere aparecer señalado como el que más debe o al que más le deben.

"La morosidad es una lacra de las administraciones públicas españolas que no tiene parangón en ningún país europeo. Solo se podría acercar Italia. Ha sido siempre alta, pero con la crisis ha aumentado un 20%", sostiene Jardón, el presidente de Aselip. La diferencia entre Ayuntamientos es abismal. Es prácticamente inexistente en Navarra y País Vasco. Y Cataluña tiene unas tasas de morosidad aceptables. Pero en el extremo opuesto aparecen los municipios del sur y el levante. "Andalucía tarda en pagar una media de año y medio; y Madrid, casi nueve meses. Por el peso económico de la capital, este retraso tiene una importancia brutal", añade Jardón.

Por ejemplo, solo en jardinería Madrid debe 65 millones, de los que siete se deben únicamente a los intereses por el retraso, según denunció hace poco la patronal del sector para justificar los despidos que las empresas abordarán en los próximos meses. En toda España, la deuda por conservación y mantenimiento de jardinería pública asciende a 300 millones. "Las medidas legales ante las negativas del Ayuntamiento a pagar resultan ineficaces. Y la duración de los pleitos y demandas contra los deudores reclamando los intereses de demora hacen ineficaces las reclamaciones", aseguró el líder de la patronal del sector, Francisco Javier Sigüenza. Ni las reuniones entre los representantes de Aselip y los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni los escritos remitidos a la vicepresidenta Elena Salgado y a sus dos secretarios de Estado han dado por ahora el resultado esperado.

Los impagos más acuciantes se centraban hasta hace poco en municipios pequeños y algunos medianos. Pero la ola de facturas que nadie hace efectivas ha llegado a muchas ciudades donde antes se pagaba razonablemente a tiempo. Los Ayuntamientos asumieron con naturalidad durante los años de vacas gordas que los ingresos que les proporcionaba el sector inmobiliario durarían para siempre, en lugar de considerarlos como ingresos extraordinarios. Pero con el crash del ladrillo, esta fuente de financiación, que en algunos municipios alcanzó hasta el 40% o el 50% del total de ingresos, se desplomó. Lo que arrastró a empresas pequeñas, medianas y grandes, incapaces de asumir unos impagos tan elevados. "Nuestro trabajo ha cambiado totalmente. Antes nos preocupábamos de buscar clientes y ofrecerles los mejores servicios. Ahora la mayor parte del tiempo lo consumimos gestionando los cobros", admite un trabajador de un gran grupo constructor.

Empresarios del sector apuntan que, pese a la asfixia financiera, el número de despidos no será demasiado elevado. Las contratas acuerdan un número determinado de operarios con los Ayuntamientos. Y solo los pueden reducir si el municipio acuerda reducir el canon que reciben la empresa. Así, los despidos no llegarán aunque la morosidad siga por los cielos, sino por las nuevas condiciones que impongan los alcaldes a las empresas.

Y los poderes locales, ¿qué dicen de todo esto? "Estamos tomando medidas de ajuste en cada Ayuntamiento, pero con el ahorro no basta. Los Ayuntamientos hemos acordado pedir al Gobierno que nos permita endeudarnos para el gasto de reposición y para las inversiones ya aprobadas", asegura Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe. Pero esto son parches que no solucionan el problema. Castro considera fundamental la aprobación del estatuto de autonomía local y la financiación local. "Aunque estos se pusieran en funcionamiento en 2014, permitiría a los entes locales ir a una entidad financiera y decir que tienen un plan viable para obtener recursos", añade Castro.

Mientras la nueva financiación local llega -y las restricciones de gasto para los próximos años hacen prever que esto no va a suceder en un futuro cercano- las empresas pequeñas, medianas y grandes esperan el próximo cobro por los servicios que ofrecen. "Es muy injusto. Ahora que los ingresos de los Ayuntamientos se han desplomado, nos hemos convertido en una vía de financiación fácil para ellos. Y actúan desde la mayor impunidad, porque son inembargables. Si un ciudadano deja de pagar su hipoteca, tiene sus consecuencias. Pero eso no ocurre cuando eres una administración pública", protesta Francisco Jardón, que pretende acercar las tasas de morosidad de las administraciones públicas españolas a los niveles europeos. Los municipios alemanes y los holandeses pagan a 30 días. Eso aún queda muy lejos.