Ni vencer ni convencer

La primera jornada del debate sobre el estado de la nación dejó patente la urgente necesidad de un impulso político frente a los dos principales problemas que quedaron simplemente enunciados, la crisis económica y los efectos de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Y lo dejó patente porque el presidente del Gobierno no ganó un debate en el que, sin embargo, tampoco se impuso Mariano Rajoy, cada cual aferrado a una idea única y reiterativa, además de acertada en ambos casos. No le faltó razón al líder de la oposición cuando acusó a Zapatero de estar gobernando contra el programa por el que fue elegido. Como tampoco el presidente del Gobierno estuvo equivocado cuando reprochó a Rajoy que no desvelara sus propuestas. La yuxtaposición de ambos discursos, que nunca llegaron a encontrarse, impidió identificar las diferencias entre lo que aplica el Gobierno y lo que propone la oposición.

El balance de la situación económica dibujado por Zapatero se ajustó a lo que se esperaba, no tanto por su inveterada tendencia al optimismo, como por el hecho de que, en esta ocasión, no disponía de margen para hacer nada distinto. El presidente llegó al debate con la tarea todavía pendiente de acompañar el drástico giro en materia económica con un gesto político a la altura, a fin de clausurar la etapa de negación de la crisis y de restaurar su deteriorada credibilidad. Este fue el flanco en el que se instaló Rajoy, limitándose a señalar, hasta casi el regodeo, las contradicciones entre lo que Zapatero afirmó hasta mayo y lo que ha venido sosteniendo desde entonces. Ni el presidente anunció nuevas medidas, renunciando a los golpes de efecto, ni Rajoy fue más allá de decir que las iniciativas en marcha coinciden con las que él venía reclamando.

Y, sin embargo, el debate de ayer hubiera sido el marco idóneo para evaluar la estrategia económica finalmente adoptada por el Gobierno -recorte del gasto público, reforma del mercado laboral y saneamiento del sistema financiero-, como también para fijar políticas esenciales de reforma, tales como las pensiones. El presidente reconoció que es mejor reformar hoy que lamentarlo mañana; pues bien, el sistema de pensiones necesita de un cambio meditado, pero indudable, de las condiciones de cálculo y jubilación. Si esas invocaciones reformistas aparecieron -como, por cierto, la reconducción de la política energética- fue de pasada, como lances de esgrima. Zapatero anunció un recorte de 11.000 millones en el gasto de las autonomías y otros 20.000 en el de la Administración central en 2011. La envergadura de las cifras exigiría ampliar cuanto antes los frentes a los que se dirige la acción del Gobierno, para evitar improvisaciones y garantizar un reparto equitativo del esfuerzo.

Los efectos de la sentencia sobre el Estatuto sirvieron a Rajoy y a Zapatero de nueva oportunidad para cruzar reproches. Ambos se mostraron, sin embargo, implícitamente de acuerdo en que el fallo del Constitucional ha cerrado al asunto. Fue Duran i Lleida quien advirtió de que la situación es exactamente la contraria, aludiendo al posible desplazamiento de la política catalana hacia el independentismo. Zapatero insistió en mostrarse satisfecho con la sentencia, a expensas de algunos eventuales retoques legislativos. Y aunque Rajoy no tuvo ocasión de pronunciarse, todo hace suponer que también en este punto confía en que la eventual victoria del Partido Popular en unas elecciones anticipadas opere como un bálsamo. No solo resulta dudoso, sino que, además, su insistente petición de disolver las Cámaras hizo caso omiso de la mecánica parlamentaria. En su mano tiene presentar una moción de censura. En cualquier caso, la continuidad de un Ejecutivo depende de las mayorías que reúna para gobernar, no de las presiones en el vacío del líder de la oposición.