La cultura dice basta a Berlusconi

Desde Milán a Palermo los teatros, las bibliotecas, los museos y el mundo de la cultura, la arqueología y el espectáculo están en estado de agitación permanente. Ocupaciones, huelgas, dimisiones, manifiestos. Suspensiones de estrenos en La Scala, Roma, Verona, Nápoles, Catania. La indignación contra la política cultural del Gobierno de Silvio Berlusconi, plasmada en el decreto ley 64, aprobado por el Parlamento por iniciativa del ministro de Cultura, Sandro Bondi, y la amenaza de ulteriores recortes escondidos en el ajuste fiscal que se discute en la Cámara parecen haber devuelto a Italia al espíritu de los años setenta.

El malestar con el Gobierno de centroderecha va mucho más allá de las protestas sindicales. Es una batalla ideológica. En la manifestación de esta semana contra la ley mordaza, artistas, policías, periodistas y creadores explicaron que bajo las excusas de proteger la intimidad de los ciudadanos y la economía del país, el Gobierno está aprovechando para llevar a cabo una estrategia política mucho más profunda: la destrucción del pensamiento, la muerte de la opinión pública y la defensa de las mafias.

Huelgas, dimisiones, manifiestos... el país vuelve al espíritu de los años setenta

Se teme que las razones económicas escondan una defensa de las mafias

Las redes criminales sacan piezas de las excavaciones para museos extranjeros

Una comisaria del Museo Getty está procesada en Roma desde 2005

En la semana de la condena de segundo grado por complicidad mafiosa a Marcello Dell'Utri, mano derecha de Silvio Berlusconi desde los años sesenta, Luigi Ciotti, el sacerdote que dirige la asociación Libera, una ONG que gestiona los bienes confiscados a las mafias para promover la participación cultural, ha afirmado: "Mafia y cultura son incompatibles. La cultura como pensamiento crítico, deseo de autodeterminación y defensa de la dignidad de todos es el enemigo más peligroso de las mafias y de los fenómenos que rotan a su alrededor: corrupción, ilegalidad, abusos y explotación".

Roberto Saviano, el autor de Gomorra, ha salido también al paso de las declaraciones de Dell'Utri, que el día que fue condenado afirmó que Vittorio Mangano, un capo mafioso condenado a tres cadenas perpetuas por asesinato al que él contrató como mozo de cuadras para la villa de Arcore, fue "un héroe" porque, dijo, "nunca nos denunció ni a Berlusconi ni a mí mismo".

"Son palabras intolerables", afirma Saviano. "Palabras que dan miedo y nos impiden contar la historia de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino (asesinados en 1992) liberándola de la deslegitimación, las acusaciones y venenos con los que la mafia intentó desacreditarles".

El anuncio de que el Gobierno ultima una amnistía arqueológica que legalizaría la posesión de los bienes obtenidos ilícitamente ha movilizado además a los directores de museos y a los cuidadores del patrimonio nacional. La norma, incluida en el ajuste financiero y titulada Emersión y catalogación de bienes arqueológicos, legalizaría de facto décadas de expolio arqueológico. Los arqueólogos alertan de que bajo la excusa de catalogar los bienes robados se esconde un único objetivo: la indiscriminada ayuda a las mafias que roban y exportan piezas en excavaciones clandestinas.

La norma prevé que todo aquel que posea bienes arqueológicos desde antes del final de 2009 podrá tenerlos en depósito durante 30 años, renovables, pagando una pequeña sanción al Estado. "Sería un enorme regalo a los comerciantes de arte, y, como tal, a los depredadores y los grupos criminales y traficantes que los secundan", afirma un manifiesto de la Asociación Nacional de Arqueólogos.

El mercado ilegal del arte antiguo en Italia mueve millones de euros anuales, y ha sido objeto de numerosas investigaciones judiciales. Las arqueomafias, o redes criminales internacionales, cubren todo el circuito: señalan las piezas en iglesias y excavaciones y luego las colocan en museos extranjeros, como el Museo Getty de Los Ángeles, cuya comisaria, Marion True, está procesada desde 2005 en Roma por tráfico ilícito de obras de arte junto al comerciante suizo Robert Hecht y el anticuario italiano Giacomo Medici.

Los jueces italianos llevan años lidiando con tipos como Medici, un romano especializado en arte etrusco, o Gianfranco Becchina, que según estiman los investigadores ha saqueado desde 1970 un millón de restos arqueológicos. Los indicios de que las mafias tienen este tráfico entre sus favoritos son abundantes. En Pompeya, por ejemplo, el expolio se realiza a través de túneles que unen la ciudad del Vesubio con casas de miembros de la Camorra.

La reforma de las fundaciones lírico-sinfónicas es el otro gran caballo de batalla. La ley Bondi, aprobada esta semana, ha sido calificada de privatizadora, mercantilista y ultraliberal por los sindicatos. Mientras las webs arden con mensajes desesperados de melómanos y aficionados, los comités sindicales de los trabajadores de los teatros siguen cancelando funciones.

La orquesta de La Scala ha suspendido ya los estrenos de Simón Bocanegra, con Plácido Domingo, pero también los de Fausto, Romeo y Julieta y ahora el de El barbero de Sevilla con Juan Diego Flórez, y amenaza con reventar las giras por Pompeya y Buenos Aires. Algunas tardes, los músicos salen a tocar gratis en la calle para dar visibilidad a la protesta, y una comisión de trabajadores ha llevado un ataúd, con el cadáver de la cultura, hasta el Senado de Roma.

El Gobierno argumenta que en tiempos de crisis no se puede permitir que el costo de personal de los teatros asuma el 70% de la financiación pública. Afirma que hay que reducir las plantillas, y para hacerlo bloqueará durante tres años las nuevas contrataciones, lo que llevará, dicen los sindicatos, a extinguir los cuerpos de baile. El comité de La Scala explica que los teatros no son "empresas normales" y que la rentabilidad cultural se mide con otros valores: turismo de calidad, prestigio y formación de una opinión crítica e informada.