Cataluña prevé que la mitad de los abortos sean farmacológicos en 2011

Aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley del aborto (el próximo lunes), Cataluña ultima su plan para promover el aborto farmacológico frente al quirúrgico. Considera la RU-486 -una píldora que induce el aborto y que en la mayoría de los casos no precisa después de un legrado o intervención médica- un método más sencillo y que garantiza la autonomía de la mujer. Así, la sanidad catalaña aspira a que en 2011 la mitad de los abortos sean por este método. Allí serán los ginecólgos de los centros de atención primaria (CAP), además, quienes dispensen este fármaco.

Y es que el cambio de legislación, que implica un plazo de aborto libre -la mujer no tendrá que alegar ningún motivo para interrumpir su embarazo- hasta la semana 14 favorece este sistema que Cataluña sólo utilizará hasta la séptima semana de gestación (la píldora sólo se puede utilizar hasta la novena semana). La RU-486 no es nueva en España, pero apenas se ha utilizado. En 2008 -según los últimos datos del Ministerio de Sanidad-, unas 5.000 mujeres emplearon este método, que se dispensa en las clínicas de abortos (que practican el 99% de estas intervenciones) frente a las 110.000 que utilizaron el aborto quirúrgico.

Sin embargo, este sistema, que además es mucho más barato -cuesta unos 50 euros frente a los 350 de una intervención-, no es válido para todas las mujeres. "Tienen que ser relativamente autónomas, pero no vivir solas, tener cerca un centro médico y atención telefónica por si tienen alguna emergencia", explica Javier Martínez Salmeán, ginecólogo miembro del comité de expertos que ha colaborado en la redacción de la nueva ley.

Cataluña trabajará en los próximos meses en la distribución de este fármaco en las unidades de atención sexual (ASSIR) y en los CAP. En estos centros, la mujer podrá optar entre abortar a través de ese tratamiento farmacológico o de una intervención quirúrgica, en ambos casos con acompañamiento sanitario garantizado, subrayó ayer la consejera de Sanidad, Marina Geli.

Las mujeres que no puedan o quieran utilizar la RU-486 serán derivadas hasta enero a las 13 clínicas privadas autorizadas por la Generalitat, y deberán adelantar de su bolsillo los alrededor de 350 euros que cuesta la intervención. Un dinero que su comunidad les devolverá en un plazo de entre mes y medio y dos meses.

Sin embargo, las mujeres con escasos recursos no deberán asumir ese coste, según garantizó la consejera catalana, que admitió que la red hospitalaria pública, que actualmente cubre sólo el 3% de los abortos (la media española está en el 2%) no podría asumir la demanda pública que generará la nueva ley del aborto. Así, al menos hasta enero, las clínicas privadas continuarán llevando a cabo la totalidad de estas intervenciones.En los hospitales públicos se seguirán atendiendo, como se hacía hasta ahora, los embarazos en los que peligra la vida de la madre.

La titular de Salud anunció que a partir del lunes habrá una nueva línea -Sanitat Respon (902 111 444)- donde personal, mayoritariamente de enfermería, atenderá las emergencias de las mujeres con riesgo de embarazo no deseado.