Aprobada la ley para que se practiquen abortos en Navarra
Los grupos parlamentarios de Nafarroa Bai, PSN e IU unieron ayer sus votos, mayoría en el legislativo navarro, para aprobar una proposición de ley, presentada por los socialistas, que modifica la Ley foral de Salud para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en Navarra. Esta vez sí, todos los parlamentarios se encontraban en la sala de plenos en el momento de la votación, después de que hace dos semanas la ausencia por despiste de cuatro representantes de Nabai impidiera la tramitación directa y en lectura única de la iniciativa, que tuvo que volver a presentarse. UPN y CDN votaron en contra.
La proposición de ley fue presentada en abril por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de ser aprobada antes de la entrada en vigor el 5 de julio de la nueva ley que establece el aborto libre hasta las 14 semanas, y hasta la 22 en determinados supuestos. Se busca dejar así sin argumentos al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno foral contra la norma estatal, argumentando invasión de competencias.
Sanz no se rinde
Minutos antes del debate parlamentario, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, aseguró que cree que "hay margen" para que el Ejecutivo continúe aplicando la ley como lo ha venido haciendo hasta ahora, es decir, derivando, bajo subvención, a centros de otras comunidades a las mujeres que quieren abortar. Este Ejecutivo, añadió, "cumple la ley en todos los aspectos y al mismo tiempo respeta también la objeción de conciencia de los médicos". "Desde las instituciones siempre hay que cumplir la ley aunque no se esté de acuerdo con ella".
Durante el debate, el parlamentario de UPN Javier Marcotegui aseguró que cumplirán la ley: "No con gusto, pero la cumpliremos". El aborto, continuó, "es uno de los mayores negocios de este país, porque las mujeres abortan en centros privados y aquí no les preocupa que haya negocio".
En defensa de la iniciativa, la portavoz socialista de Salud, María Chivite, afirmó que la actitud del Gobierno es "rancia y conservadora", y se preguntó si los regionalistas "no conocen a nadie que haya pasado por este trance, alguien a quien le han diagnosticado una malformación del feto y a quien los médicos le han dicho que tiene que abortar y se tiene que ir a Madrid".
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