El Gobierno ha decidido endurecer a última hora las condiciones en las que las menores de 16 y 17 años podrán abortar. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes establece que las jóvenes deberán ir al centro médico en el que se practicará la interrupción del embarazo acompañadas por uno de sus progenitores o tutores.
Dicho requisito no figuraba en el borrador de real decreto que el Ejecutivo envió a las comunidades autónomas y que daba una mayor libertad para abortar a las menores. Ese borrador señalaba que era suficiente con que las chicas entregaran a la clínica un documento firmado por sus padres que acreditase que estaban informados del aborto.
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El Ministerio de Igualdad justifica la decisión en la necesidad de reforzar la "seguridad jurídica" del personal sanitario del centro que practicará los abortos, tal como habían pedido, dice, los colectivos de médicos y el Consejo de Estado.
Esta modificación pasó desapercibida hasta ayer porque la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no hizo mención alguna a ese cambio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes.
Cuando la menor alegue conflicto familiar, el médico tendrá que determinar si esa oposición de la menor a contar a sus padres su decisión de abortar está fundada y puede interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno. El médico deberá elaborar un informe por escrito, pudiendo solicitar, para apoyar su dictamen, la opinión de un psicólogo o trabajador social.
La nueva ley del aborto entrará en vigor el próximo lunes, 5 de julio.