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Tribuna:

Miénteme, dime que podemos

El problema de la economía española no es de diagnóstico: lo tenemos, sabemos qué hay que hacer. El problema es que ya no puede retrasarse el comienzo de unas reformas que no serán indoloras

Viendo Johnny Guitar mi generación aprendió a no creer en las apariencias. Cuando Sterling Hayden pedía a Joan Crawford que le mintiera y le dijera que todavía le quería, muchos adivinamos que sería un ganador y que la dura protagonista iba terminar llorando como una Magdalena. Yo me acuerdo de aquella película cada vez que me asomo al debate en torno a la actual crisis económica española. A la mayoría de quienes intervienen también les gusta que les mientan y les digan que se les quiere. Y tal como vamos, las lágrimas no van a faltar.

Nuestros líderes pocas veces hablan de economía. Discuten medidas. Si podemos o no adoptar el preanunciado recorte del gasto público, o de si debemos o no embarcarnos en un aumento de los impuestos. Si la falta de crédito es causa o consecuencia de la recesión, o de si podemos dejar de ser el pasmo de Europa en términos de desempleo sin llevar a cabo una reforma del mercado de trabajo. La gente sabe las respuestas antes de que se hagan las preguntas. Entre nosotros esto no es nuevo, pero esta vez quizás sea más peligroso que otras veces.

¿Estamos condenados necesariamente? No. Se puede fijar un horizonte a medio plazo compartido

Actuar como siempre ante algo que es radicalmente distinto es una mala estrategia

De una parte, porque pretender que algún día la crisis pasará y todos volveremos a ser como fuimos, puede ser un descomunal espejismo, al menos en horizontes temporales y electorales razonables. A lo largo de esta crisis hemos acumulado desequilibrios macro y sociales que no tienen precedentes en nuestra reciente historia económica. En los últimos 30 años, en algunas ocasiones, el PIB español ha retrocedido, el desempleo ha sido muy alto, el déficit corriente amenazante y el déficit público desestabilizador. Pero nunca se ha dado todo a la vez: seis trimestres de caída continuada del PIB, 1,6 millones de empleos destruidos y el paro en el 20,05% de la población activa, balanza de pagos fuertemente deficitaria pese a la recesión y, por el mismo motivo, déficit público del 11% del PIB. Comportarnos como siempre ante algo que es radicalmente distinto es una mala estrategia.

De otra, porque estamos haciendo creer a la sociedad que la "solución" depende exclusivamente de lo que hagan o dejen de hacer el Gobierno, la oposición, los sindicatos, la CEOE o el Pacto de Toledo. Esta visión implica dar por hecho que cada uno de esos agentes sabe perfectamente cómo los ciudadanos y empresas van a reaccionar ante las reformas -o la ausencia de reformas- que pacten. Quizás. Pero a lo peor están infravalorando la madurez y racionalidad económica de la nueva sociedad española y pasen por alto que la mayoría de ciudadanos puede ser que traten de reaccionar al entorno sin olvidarse de la tenacidad de las identidades contables.

Hay una particularmente relevante: la que nos dice que la suma de la capacidad financiera -es decir, el exceso del ahorro respecto a la inversión en activos reales- del sector privado y del sector público necesariamente tiene que ser igual a la importación de ahorro externo de la economía. A finales de 2009, nuestros números para esa identidad eran muy contundentes: unas necesidades de financiación del sector público del 11% del PIB, una capacidad de financiación del sector privado del 6% del PIB y un déficit corriente del 5% del PIB.

Tomando esos números como punto de partida se puede pensar en qué tiene que ocurrir para que el Gobierno sea capaz de reducir sus necesidades de financiación al 3% del PIB en 2013, tal y como nos hemos comprometido con Bruselas y los mercados financieros.

Para hacer fácil el ejercicio, supongamos inicialmente que no cambia el déficit exterior. En ese escenario llegar al 3% de necesidades de financiación pública inevitablemente implicaría que el sector privado español tendría que volver a ser un "deudor" por el equivalente al 2% del PIB.

¿Es esto razonable? Me temo que no. Necesitaríamos un inmenso shock de confianza para que las empresas decidieran invertir más, y las familias optasen por gastar más de lo que ingresan. Y aunque tuvieran tal confianza habría que ver si el sistema financiero estaría dispuesto a financiarles.

Los últimos datos del INE son inapelables: en relación a la media de la última década, las familias están ahorrando cinco puntos porcentuales del PIB más e invirtiendo dos puntos del PIB menos, mientras que las empresas no financieras ahorran un punto porcentual del PIB más e invierten tres puntos del PIB menos. Para que el sector privado volviese a exhibir esa necesidad de financiación habría que volver a las combinaciones de ahorro e inversión de los años 2001-2004 y esto hoy parece poco probable. ¿Por qué? Porque las familias ahorran menos cuando el empleo crece como lo hizo en aquel periodo -dos millones de puestos de trabajo en cuatro años- o sus activos inmobiliarios se revalorizan en un 85% acumulado, y tienden a ahorrar más cuando, como ahora, la incertidumbre sobre el empleo es alta y fuerte la caída del valor del stock de riqueza mobiliaria y financiera. Y las empresas invierten cuando la capacidad instalada está cercana al pleno empleo, las expectativas de beneficios son atractivas y la seguridad jurídica está a salvo de medidas de última hora.

Si el ajuste fiscal quisiéramos abordarlo de otra forma, podíamos pensar en achicar el déficit corriente y, eventualmente, llevarlo a cero. En ese caso, el objetivo del Gobierno del 3% del PIB sería compatible con un sector privado que mantuviese una capacidad de financiación del 3% del PIB. La mitad de la actual, pero conservando un ahorro privado mayor que la inversión privada.

¿Cuál es el problema? Que en los últimos 10 años nunca hemos sido capaces de conseguir que el déficit corriente fuese cero. Los escenarios extremos para lograrlo ahora serían, o bien exportar 5 puntos del PIB más o importar 5 puntos del PIB menos. Ratios de importaciones respecto al PIB del 27% no los hemos tenido desde 1998, el año anterior a la puesta en circulación del euro, y ratios de exportación del PIB del 32% simplemente no los hemos alcanzado jamás.

Al margen de lo novedoso que pudiera resultar llegar hasta allí, este camino ni es fácil, ni es indoloro. Salvo que nos salve el mundo exterior -lo que no parece: quienes crecen son los emergentes, no los países desarrollados que son los que nos compran y de donde viene los turistas- para conseguir este shock de crecimiento basado en la demanda externa neta la demanda interna tendría que crecer muy moderadamente. Exactamente esta es la razón -que nada tiene que ver con ninguna conjura internacional- por la que desde "fuera" se mira con tanto escepticismo los escenarios macro que apuestan por crecimientos sostenidos de la economía española cercanos al 3% a partir del año próximo. Para muchos ese voluntarismo simplemente no encaja con la tenacidad de las identidades.

¿Estamos necesariamente condenados bien a no honrar los compromisos con Bruselas, bien a volver a re-endeudarnos, o bien a languidecer durante los próximos años? No. Hay alternativas mejores: con un horizonte de políticas económicas a medio plazo compartido sería posible combinar los escenarios anteriores, y reducir los costes y las pérdidas patrimoniales.

Pero hay que actuar ya. Somos una economía sobrediagnosticada. Se sabe qué hay que hacer y quién lo impide. Se sabe que el reparto de los costes sociales no es un tema "tecnocrático" sino político. Se sabe que antes de repartir hay que crear la riqueza. Se sabe que el crecimiento sólo se consigue si existe un compromiso con el mercado, la productividad y la educación. Hacer hoy las reformas que necesitamos es mucho mejor que seguir mintiéndonos.

José Juan Ruiz es economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de mayo de 2010