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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Aborto en Navarra

Gobierno y oposición abren una batalla que marcará las próximas elecciones autonómicas

Navarra es el escenario del primer asalto legal planteado contra la reforma de la ley del aborto que entra en vigor el próximo 4 de julio. Es un escenario muy particular, toda vez que Navarra se ha distinguido por ser la única comunidad autónoma en la que jamás se ha practicado un aborto legal en los 25 años de historia de la ley que lo despenalizó, y dado que, en esta ocasión, la derecha puede perder tanto la batalla legal como la política.

El Ejecutivo de Navarra, de UPN (antiguo socio del PP en esa comunidad foral), anunció la semana pasada la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que la nueva ley invade sus competencias sanitarias. Miguel Sanz, que gobierna en minoría con el apoyo puntual de los socialistas, rechaza que la norma exprese que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación que debe estar incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y consagre el derecho de la mujer a ser atendida en su propia comunidad autónoma si así lo solicita. Además de los reparos legales esgrimidos, al Gobierno de UPN le repugna el fondo de la nueva ley, si bien hasta ahora se han sufragado las intervenciones con dinero público a las gestantes que lo pedían para abortar en otra comunidad.

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La réplica de la oposición navarra (socialistas, IU y Nafarroa Bai) no se ha hecho esperar. Ayer sacó adelante una iniciativa que desembocaría en una ley que obligue a garantizar el aborto en Navarra, y ha pedido un informe jurídico sobre la compatibilidad de la ley con el Amejoramiento del fuero, otro de los argumentos esgrimidos por UPN para su recurso.

La iniciativa de Sanz es políticamente insostenible. Los socialistas, junto con IU y Nafarroa Bai, tienen mayoría absoluta en la Cámara autonómica. Su Gobierno no representa el sentir mayoritario del Parlamento, por lo que emprender tal acción institucional sólo puede responder a un posicionamiento político ante las próximas elecciones autonómicas. Se opta por un arma de agitación política que ya le ha acercado a su viejo socio, el PP, que a su vez ha prometido presentar su propio recurso ante el Constitucional. También la posición de los socialistas, que en 2007 ya instaron sin éxito desde el Parlamento a Sanz para que aplicara la ley, parece responder al cálculo electoral, dado que nada ha cambiado en Navarra respecto al aborto en esta legislatura.

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