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El acoso al juez Garzón

Movilización en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo

Una demanda plantea dos casos de asesinato en la Guerra

La posibilidad de que la Cámara Federal aplique el principio de la jurisdicción internacional y acepte que se abra juicio por dos casos concretos de asesinatos cometidos durante la Guerra Civil española mantiene en vilo al mundo jurídico argentino y al relacionado con los derechos humanos. La demanda se presentará el miércoles, apoyada por decenas de organizaciones y pretende también servir de apoyo al magistrado español Baltasar Garzón.

"Es inaudito e inexplicable que se pretenda inhabilitar a Garzón por haber intentado investigar en España hechos parecidos", aseguró ayer uno de los abogados implicados en la preparación de la demanda, Carlos Slepoy. Garzón cuenta con la admiración y devoción de los grupos de defensa de los derechos humanos en Argentina, agradecidos por los procedimientos que abrió en España contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra varios acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura militar argentina.

La eventualidad de que un tribunal federal considere que los dos asesinatos cometidos durante el franquismo están comprendidos en la figura jurídica del genocidio y que, por tanto, no prescriben y pueden ser juzgados por los jueces de este país se presenta ante muchos argentinos como la posibilidad de "devolver" el favor a España. Un sector importante de la sociedad argentina mantuvo lazos históricos con la República española y el país acogió a miles de refugiados y exiliados al fin de la Guerra Civil.

Los abogados que llevarán directamente el caso, entre ellos Beinusz Smukler, ex miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, muy conocido por su implicación en organismos de recuperación de la memoria histórica, confían en que los dos casos concretos que van a presentar darán origen rápidamente a una auténtica bola de nieve, igual que ocurrió cuando el propio juez Garzón puso en marcha los procedimientos judiciales contra Pinochet. Según Smukler, ha sido la paralización en España de las actuaciones por los crímenes del franquismo lo que ha incentivado el avance de la querella ante la Justicia argentina.

Esta sería la primera vez en que la Cámara Federal decidiera aplicar directamente el principio de jurisdicción internacional, lo que ya ha provocado una intensa polémica en medios jurídicos sobre la importancia de los precedentes existentes en otros países. Los impulsores de la demanda consideran que tanto la Constitución argentina como una ley posterior contienen fundamentos jurídicos que permiten juzgar un delito cometido fuera del territorio argentino.

La demanda que se presentará mañana, en un acto que se espera sea multitudinario, pedirá que se investiguen crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento militar organizado por el general Franco) y el 15 de julio de 1977, fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Transición.

En condiciones normales, el juez de la Cámara Federal que reciba el caso (distribuido por sorteo) podría tardar entre 20 y 30 días en decidir si acepta la demanda o no. Contra su fallo existiría la posibilidad de presentar recurso. Un fallo positivo sería acogido en los organismos de defensa de los derechos humanos con júbilo, no sólo por su importancia como precedente jurídico sino, y muy especialmente, por el respaldo simbólico que recibiría el juez Baltasar Garzón.

"Nadie comprende en Argentina que se pretenda inhabilitar al juez que más ha hecho por perseguir los crímenes de las dictaduras", asegura Slepoy. La mayoría de los medios de comunicación argentinos se han hecho eco estos días del desprestigio que puede estar sufriendo la Justicia española, sometida públicamente a todo tipo de presiones. "Esperamos que el juez Garzón sea exonerado de cualquier responsabilidad, pero si no fuera así plantearíamos la posibilidad de que los jueces del Tribunal Supremo español estuvieran cometiendo, ellos sí, prevaricación", se indigna el abogado argentino.

Descendientes de españoles

La demanda que se presentará mañana se centra en dos casos y estará firmada por dos descendientes de españoles, que nunca abandonaron la idea de encontrar los restos de sus deudos y de llevar ante la justicia a los responsables de sus asesinatos. Darío Rivas, de 91 años, hijo del que fuera alcalde de Castro de Rei (Lugo), fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una cuneta de Portomarín, logró encontrar el cuerpo en 2005, y ahora reclama que se investigue su muerte. Inés García Holgado, abogada, responsable del blog Justicia y Memoria, nunca pudo hallar los restos de un tío suyo y pide que se abra una investigación sobre su desaparición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de abril de 2010

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