España
El sumario de Gürtel acorrala al PP
No pudo más. Con su casa rodeada de fotógrafos, su partido lanzándole todo tipo de mensajes para que se quitara de en medio, los periódicos y las radios tronando por su caída, su abogado recomendándole que un poco menos de tensión mediática vendría bien a su defensa, y por último y no menos importante, su mujer, en una situación personal delicada, cada vez más molesta por no poder salir de casa y aparecer a diario en la prensa, Luis Bárcenas se rindió.
Era una comida de políticos, no de amigos, y se notó. A todos les une sobre todo una cosa: la voluntad de que el PP vuelva al poder. Y eso estaba en las conversaciones. Tanto que, Manuel Fraga, el gran patriarca, recordó al final que sólo Aznar pudo gobernar y brindó por la recuperación del poder, esto es, por la victoria de Mariano Rajoy.
José Luis Ulibarri, constructor leonés al que se atribuye el pago de comisiones ilegales a la red de Francisco Correa a cambio de conseguir adjudicaciones de suelo en Ayuntamientos gobernados por el PP, confesó al juez Baltasar Garzón el 4 de marzo de 2009 que mantenía relaciones con el líder de la trama corrupta desde 2003 porque le ofrecía participar en operaciones urbanísticas.
Sólo una petición judicial ha dado luz a parte del gasto que la televisión autonómica valenciana (RTVV) hizo para retransmitir la visita del Papa en 2006 con motivo del V Encuentro Mundial de la Familia en Valencia. José López Jaraba, director general del ente, remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) más de 300 facturas y al menos una docena de contratos que suman más de 11 millones para cubrir la visita del Papa.
Los diputados del Parlamento andaluz protagonizaron ayer un nuevo episodio de plante y vocinglería, esta vez a cuenta del dictador Franco. Cuando se discutía una iniciativa sobre la reducción del número de peonadas de los jornaleros por el temporal de este invierno, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, dijo que el campo andaluz "estaba mejor con Franco que ahora", a lo que el diputado socialista Juan Antonio Cebrián respondió que el "problema es que ustedes [por el PP] estaban mejor entonces que ahora, que están en la oposición".
La versión del caso Gürtel que el ciudadano puede encontrar en la página web del PP recuerda a los meses del verano pasado, en los que el partido acusó de prevaricadores a jueces, fiscales y policías por investigar su corrupción, e incluso llegó a afirmar que el Gobierno ordenaba escuchas ilegales a sus dirigentes.
Especialistas en explosivos del Cuerpo Nacional de Policía provocaron anoche una explosión controlada en una furgoneta sospechosa estacionada en la calle de Alcalá, en torno al número 526, cerca de San Romualdo, en el barrio de San Blas, al este de Madrid.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha decidido que sea directamente el Pleno del organismo, que se reunirá el próximo día 22, el que se pronuncie sobre la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decidido sentar en el banquillo para que sea juzgado por un supuesto delito de prevaricación.
Unas 500 personas, entre ellas familiares de víctimas del franquismo, cortaron ayer la calle de Génova de Madrid, en una concentración de apoyo al juez Garzón convocada por Internet y SMS. "¡Garzón, estamos aquí!", gritaron frente a la Audiencia.
Lo han hecho desde el principio y, ahora que se acerca el final, están decididos a echar el resto. Familiares de víctimas del franquismo, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, partidos políticos de izquierda y sindicatos se movilizan en defensa del juez Baltasar Garzón y en contra de su procesamiento.
El Tribunal Constitucional ha convocado para el 14 y 15 de abril una reunión plenaria en la que estudiará a fondo el último proyecto de sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, contra el que presentaron recursos de inconstitucionalidad el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco autonomías.
La excavadora ganaba la esquina de la calle Francesc Eiximenis, en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y alrededor de medio centenar de vecinos la esperaba sentado en el suelo, impidiéndole el paso. Su intención era evitar el derribo de la sexta casa de la semana, después de que el pasado martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenara cinco demoliciones.
Finalmente, el PP apoyará el decreto en el que se concretará lo que queda de las negociaciones del llamado Pacto de Zurbano. Lo hará arrastrando los pies y asegurando que las 24 medidas que incluye son insuficientes, pero lo hará. El decreto lo aprobará hoy el Consejo de Ministros y tendrá una tramitación ultrarrápida para su convalidación en el Congreso, sin posibilidad de introducir enmiendas.
Los grupos parlamentarios acordaron ayer que los llamados manteros, que venden discos y películas piratas en la calle, no vayan a la cárcel. Una enmienda del PSOE a la reforma del Código Penal proponía despenalizar en la práctica esta actividad descartando la pena de prisión cuando el valor de lo defraudado no supere los 400 euros. La ponencia sobre la reforma acordó, con resistencias del PP, avalar -y corregir- esta enmienda, defendida por el socialista Julio Villarrubia.
