El PSOE no aprobará sin el PP el Estatuto de Castilla-La Mancha

El bloqueo del Estatuto de Castilla-La Mancha está a punto de finalizar. Tras casi tres años de paralización en el Congreso, la dirección del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista ha decidido pedir su retirada si el Grupo Popular no lo apoya, "ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha sólo quiere aprobarlo si tiene el apoyo del PP", señaló a este periódico Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista. Madina añadió: "Sólo continuaremos adelante si el Estatuto tiene el mismo apoyo en las Cortes Generales que obtuvo en las de Castilla-La Mancha, en las que salió aprobado con el apoyo de PSOE y PP".

Por tanto, el PSOE desiste de la posibilidad de aprobar el texto con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Y quizá hubiera sido factible ya que ayer mismo el Estatuto dio su primer paso formal al aprobarse el dictamen en la ponencia constitucional con el apoyo del PSOE y CiU, la abstención del PP e IU y el rechazo de UPyD.

En la próxima reunión de la Comisión Constitucional que convocará su presidente, Alfonso Guerra, el Grupo Socialista pedirá la retirada del Estatuto si el PP no lo apoya. Todos los intentos del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), de acercar posiciones, por la vía de rebajar el texto aprobado en las Cortes regionales para que pudiera asumirlo el PP -muy mediatizado por las presiones en contra de los Gobiernos populares de Murcia y Comunidad Valenciana- han sido inútiles.

Trasvase

El último intento de los socialistas para acercarse a los populares ha consistido en eliminar la caducidad del trasvase del Tajo al Segura. A cambio se garantiza el abastecimiento para las necesidades de los castellano-manchegos con una reserva hídrica de unos 4.000 hectómetros cúbicos.

En la ponencia, celebrada a puerta cerrada, según algunos de los asistentes, el portavoz del PP, Arturo García Tizón, aseguró que le parecía "bien". Pero en la votación se abstuvo. Después, ante los periodistas, García Tizón señaló que no podía apoyar una fórmula "que provocaba innecesariamente a otras comunidades autónomas" y se regulaba una materia de competencia estatal. Los líderes políticos valencianos volvieron a oponerse rotundamente a esta reserva de agua.