Barberá desata otra batalla campal en El Cabanyal con un nuevo derribo

La excavadora ganaba la esquina de la calle Francesc Eiximenis, en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y alrededor de medio centenar de vecinos la esperaba sentado en el suelo, impidiéndole el paso. Su intención era evitar el derribo de la sexta casa de la semana, después de que el pasado martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenara cinco demoliciones. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaban la excavadora llegaron, miraron y como allí nadie se apartaba, aporrearon. Sin que los que estaban sentados tuviesen tiempo siquiera de levantarse.

La Policía Local, que vigilaba el perímetro preparado para la excavadora, cargó también contra los vecinos. Un chico se miraba la mano ensangrentada, incrédulo. Un par de miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal -que nació hace 12 años para evitar que el Consistorio abriera una gran avenida hasta el mar a costa de partir en dos el barrio y demoler 450 edificios- se aupó a la excavadora mientras recibía los golpes de la autoridad. Bombalino el payaso, actor de títeres e histórico defensor del barrio, acabó detenido junto a su hijo y una ambulancia trasladó al hospital a dos vecinos, una señora de 49 años y un chico de 29, por las contusiones de los porrazos.

La ministra de Cultura pide a los vecinos que tengan paciencia

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, arremetió contra Barberá por persistir en unos derribos sin urgencia. "Responden sólo a su voluntad contumaz de incumplir la orden del Ministerio de Cultura intentando proteger el barrio de El Cabanyal", dijo en un comunicado.

Los comentarios de los vecinos rebosaban incredulidad. No entendían que la Policía Nacional defendiese los derribos y actuase con tal contundencia. Criticaron que un cuerpo del que esperaban apoyo, por depender del Gobierno central, acabase custodiando los derribos. Fuentes de la Delegación del Gobierno insistieron en que el Cuerpo Nacional de Policía está obligada, por ser su competencia, a asistir a la local en cuestiones de orden público. A pesar de ello, varios partidos políticos pidieron la dimisión de Peralta.

El concejal de Seguridad del Consistorio valenciano, Miguel Domínguez, llamó a los concentrados "grupo de violentos" e insistió en que los derribos de estos días están amparados por una ley autonómica y varias resoluciones judiciales.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pidió desde Córdoba tranquilidad a los vecinos. "Que tengan confianza, pues los tribunales están dándoles la razón", manifestó. Además, recordó que el Gobierno ha pedido al juez medidas cautelares ante estos derribos. El delegado del Gobierno requirió el miércoles a la alcaldesa de Valencia para que detuviera las demoliciones.

El conflicto por El Cabanyal es largo y se ha enquistado. Estalló hace más de una década cuando el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, redactó un plan urbanístico para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la misma playa de la capital a costa de demoler 450 edificios y desvertebrar este singular barrio marinero. Salvem, una plataforma creada por vecinos y ciudadanos contrarios a la ampliación, se organizó y ha conseguido hasta ahora paralizar el plan.

En contestación a esta resistencia, las Administraciones públicas han abandonado a su suerte un barrio que se ha degradado por la falta de inversiones y una creciente marginalidad social.

En estos años, Salvem ha perdido en los tribunales la batalla urbanística contra el plan, hasta que abrió la vía del expolio contra el patrimonio histórico, sobre la que tiene competencias el Gobierno central.

El Consistorio que preside Rita Barberá no ha estado de brazos cruzados. Conforme la marginalidad crecía en el barrio, la sociedad municipal compraba las casas a los vecinos que tiraban la toalla o cambiaban de vecindario. Que la prolongación de la avenida estuviese lejos por la batalla judicial, no ha sido un obstáculo para que el gobierno local del PP haya derribado cada vez que ha podido las casas que adquiría.

En 2009, Salvem se apuntó su primera gran victoria en los tribunales. El Supremo instó al Ministerio de Cultura a decidir si el plan suponía un expolio para el barrio y el departamento de González-Sinde concluyó que sí. El pasado 29 de diciembre paralizó con una orden el plan de la prolongación, y la Generalitat respondió con un decreto ley que la sorteaba. El Ejecutivo recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional y la Generalitat valenciana convirtió el decreto en ley, que entró en vigor el pasado martes. La alcaldesa valenciana se acoge a esa ley para justificar los últimos derribos.