La polícia lleva a Mònica Oltra ante el TSJ por los disturbios de El Cabanyal
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se declaró ayer competente para hacerse cargo de la denuncia presentada por un intendente de la Policía Local de Valencia contra la diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra por resistencia a la autoridad. Los hechos que denuncia el jefe policial ocurrieron el pasado 6 de abril, cuando por orden del Ayuntamiento, y en contra de la orden del Ministerio de Cultura, la alcaldesa Rita Barberá ordenó el derribo de varias fincas del barrio de El Cabanyal. Vecinos y representantes políticos participaron en una protesta que acabó con la intervención de las policías local y nacional. En esta última hay abierto un expediente sobre la actuación de los agentes.
El tribunal ha acordado abrir diligencias previas y determinar qué ocurrió y si existió, como recoge la denuncia, una infracción penal por parte de la diputada autonómica, y por tanto aforada. Será el magistrado Juan Montero el que instruya la causa. Montero ejerció el voto particular en contra del archivo de la causa de los trajes contra Francisco Camps que ahora ha ordenado reabrir el Tribunal Supremo.
Resistencia
El consistorio procedió el 6 de abril día al derribo de una finca en la calle de San Pedro y otra en la calle de Vidal de Centelles, donde se concentró la protesta de vecinos y políticos y, donde, según el denunciante, Oltra "puso gran resistencia a su traslado". Pese a la especial protección con que cuenta el barrio, como Bien de interés Cultural (BIC), el Ayuntamiento quiere ejecutar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
El contencioso lleva diez años en los tribunales. El Ministerio de Cultura se pronunció el pasado año, a petición del Supremo, determinando que se estaba produciendo expolio y aprobó una orden para evitar los derribos. La Generalitat contestó con un decreto ley que para amparar la actuación urbanística. El conflicto entre normas está por resolver.
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