Atropello en El Cabanyal

El acoso inmobiliario al que la alcaldesa de Valencia Rita Barberá viene sometiendo al humilde barrio de pescadores de El Cabanyal se ha convertido esta semana en un brutal atropello. El martes, mientras su partido analizaba con preocupación un sumario, el del caso Gürtel que salpica a la propia alcaldesa, esta decidió pasar a la ofensiva y meter las máquinas excavadoras en un barrio previamente abandonado y abocado a su pesar al deterioro y la marginación. Pero lo más inesperado de este triste capítulo que dura ya 12 años de lucha vecinal es la brutalidad con la que se ha empleado la Policía Nacional, dependiente jerárquicamente de la Delegación del Gobierno y, por tanto, del Ministerio del Interior.

La actitud policial es inexplicable, dado que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se ha manifestado tradicionalmente a favor de la causa de la plataforma ciudadana Salvem El Cabanyal. Y actitud intolerable la de unos agentes que, además de actuar con una violencia desmedida, se han permitido la desfachatez de negar los hechos, inapelables gracias a las imágenes captadas por la prensa, en un comunicado más propio de otros tiempos en el que se justifica el atropello acusando de violentos a los manifestantes y asegurando que se empleó "la fuerza mínima imprescindible".

La vicepresidenta del Gobierno anunció ayer la apertura de un expediente. Se impone además una explicación inmediata por parte de la Delegación del Gobierno de Valencia y una depuración de responsabilidades. La batalla campal mantenida por los uniformados es una agresión que carece de fundamento y que, de paso, ofrece un balón de oxígeno a los proyectos faraónicos y expoliadores del patrimonio de Rita Barberá.

El plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, regido por Barberá desde hace 19 años, prevé abrir una brecha en la trama urbana de El Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, lo que exige derribar 450 edificios y destruir parte de la zona declarada de interés cultural. De poco le han servido a la alcaldesa las protestas de los vecinos, la oposición del Ministerio de Cultura a destruir parte del patrimonio, la intervención del Tribunal Supremo contra la actuación municipal y los informes del Colegio de Arquitectos y de la Academia de Bellas Artes para revisar su proyecto. Al contrario. Una vez que Cultura ha decidido recurrir el decreto valenciano que ordena el inicio de las obras de la gran avenida al Tribunal Constitucional, las autoridades valencianas del PP, que gobiernan con mayoría absoluta en el Consistorio y en la Generalitat, han convertido el decreto en ley y han enviado las excavadoras para empezar a derribar los primeros edificios que, eso sí, no forman parte de la zona protegida. De manera indirecta y por razones que requieren más de una explicación, Barberá ha contado con la ayuda de sus adversarios políticos.