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Matas, en su palacete / TOLO RAMÓN
El escándalo de corrupción que cerca a Jaume Matas llevará hasta la sala de juicios una supuesta financiación ilegal del PP balear. Los fiscales cuentan con testimonios y datos contables que destapan la existencia de pagos en dinero negro del PP, así como facturas correspondientes a servicios particulares del partido realizados con fondos públicos.
"Donaciones: 213.900 euros". Éste es el único asiento de la partida de ingresos que figuraba en la memoria del presupuesto "orientativo" de la fundación Antonio Maura de Baleares para 2007. Presidida por Jaume Matas y hermanada con la del ex presidente del Gobierno José María Aznar (FAES).
La asistenta de la familia Matas, tocada con cofia, cruzaba casi cada día la Rambla de Palma con un ramo de flores para ambientar el piso que el presidente balear reformó y habitó provisionalmente en 2006. Por entonces, aún no estaba lista la reforma de su mansión monumental, la polémica casa palacio del siglo XVI de la calle San Feliu, en pleno centro histórico de la ciudad.
El PP pagó a Jaume Matas una especie de pensión para desempleados tras su salida del Gobierno balear. Se trata de una cantidad destinada a políticos teóricamente sin medios suficientes o sin trabajo conocido. El ex presidente y ex ministro ingresó por ese concepto una nómina de 3.475 euros al mes.
El PP vive el caso Matas como un auténtico drama interno. El partido que llegó al poder en 1996 con una idea de fuerza de José María Aznar -"el PP es incompatible con la corrupción"-, empujado por el hartazgo de las corruptelas socialistas de los 90, comprueba desolado cómo uno de sus grandes referentes de los últimos años es acusado de gravísimos delitos.
Merece la pena esperar unos días si la demora supone que el real decreto de medidas contra la crisis pueda salir adelante sin sobresaltos. Esta es la reflexión hecha en las últimas horas por el Gobierno, que optó por suspender la aprobación del decreto el martes en un Consejo de Ministros extraordinario, ante el distanciamiento "y decepción" de todos los grupos políticos con su última propuesta.
La Audiencia Nacional ha acordado conceder la nacionalidad española por residencia a un miembro del movimiento religioso Tabligh Jammaat (Congregación para la Propagación del Islam) al que el Gobierno se la denegó en 2006 por informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los que se tachaba a este grupo de secta segregacionista y contraria a la integración social.
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