Un posible recorte de las ayudas a la Dependencia divide a las autonomías

La Ley de Dependencia nació con una memoria económica para 2007, su primer año de aplicación, de 400 millones, justo los que se ejecutaron finalmente. Pero el resto de los ejercicios hubo que superar esa cantidad, porque las previsiones de los dependientes que entrarían en el sistema se vieron desbordadas, no tanto en número, cuando en grado de dependencia. Había que pagarles más porque eran grandes dependientes. En 2010, los 1.160 millones de la memoria económica han pasado a 1.671. Y las comunidades están obligadas a cofinanciar.

La ley se redactó en un momento de superávit, pero la crisis se le ha echado encima y con ella, las críticas a su financiación. Los planes de recorte en servicios sociales planteados en el Consejo de Política Fiscal renuevan ese conflicto y encuentran enfrente la opinión de sus colegas de Asuntos Sociales. Pero el debate volverá quizá a ser baldío, porque se desconocen datos básicos como son los recursos que cada comunidad ha aportado a este nuevo sistema de protección social desde su implantación. No lo que ponían antes por las personas que ya estaban ingresadas en las residencias, ni lo que pagaban ya en 2005 por médicos y enfermeras en los geriátricos. Sino lo que han aportado de nuevo, a partir de enero de 2007, para sufragar los nuevos gastos que ha generado la ley. Sólo así podrá saberse cuánto dinero les ha costado poner en marcha el sistema.

Los dirigentes de Andalucía, Cataluña y Extremadura guardan silencio

A falta de datos, los cálculos aproximados que en su día efectuó la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, revelan que hay comunidades en las que se dedica menos dinero a la Ley de Dependencia que el que se destina a la televisión autonómica, por poner un ejemplo. Así que la pregunta quizá no es tanto si se debe recortar en una ley que atiende derechos básicos del ciudadano, sino si cabe recortar de presupuestos tan magros.

Hay comunidades, siguiendo este estudio, que recibieron el año pasado más dinero por parte del Estado de lo que repartieron para dependencia, atendiendo a los usuarios que tenían una prestación y al coste que ello suponía. En 2009, a Canarias, Baleares y Murcia les bastaba con el dinero que recibían del Estado y aún les sobraba. Y otras pocas no salían muy airosas.

Los retrasos para recibir las ayudas que proporciona esta ley son clamorosos, acercándose a los dos años en algunas comunidades. Y la ayuda económica, la que sale más barata de todas a la Administración, es la que más se concede. Muchos ciudadanos podrían acudir a los tribunales porque el calendario previsto para implantar esta ley no se cumple. Pero ir a los tribunales es caro y la esperanza de vida de miles de ancianos dependientes se agotaría antes de concluir el juicio. Así que 250.000 personas que tienen el derecho a una ayuda reconocido están aún esperando. Y miles más aguardan a ser evaluados.

Pero algunos consejeros de Economía no rechazaron el lunes la idea de demorar el ya demorado calendario de aplicación de la Ley de Dependencia. Para ello habría que modificar esta ley orgánica en el Parlamento.

Pero los consejeros de Economía son una cosa, y los de Asuntos Sociales, otra. Los responsables autonómicos de la ley no parecen dispuestos a que se recorte de esta partida para combatir la crisis, aunque algunos guardan silencio. "Si hay que hacer recortes, habrá que hacerlos en otros sitios, no es voluntad del Gobierno de Murcia que los planes de austeridad afecten al gasto social", dijo ayer el secretario general de Política Social de esta región, Fernando Mateo. "Hacer recortes en esta área supondría quitar derechos que los ciudadanos tienen por ley", añadió la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza. "Un no rotundo, bajo ningún concepto, y así lo defenderé en mi Gobierno", dijo la consejera de Galicia, Beatriz Mato. Tampoco su colega en Castilla y León, César Antón, parece por la labor. Todos son del PP. Y todos se quejan de la financiación estatal.

Por parte de los gobiernos socialistas hay sonoros silencios, como el de Andalucía, Extremadura, o Cataluña. La voz socialista la puso el consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata. "No es el momento de hacer recortes en Dependencia, hablamos de las personas más frágiles. Antes hay que perseguir el fraude fiscal o gravar las rentas millonarias, dice. "Hay personas que se están jubilando con 40 millones de euros. Para que yo pueda explicar una moratoria de la ley a un dependiente mirándole a la cara, antes tendrían que haber hecho esas otras cosas", dijo ayer.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, recordó que la aplicación de la ley, "es una obligación que no puede verse alterada en ningún caso".