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Catherine Ashton visita el campamento de refugiados de Jabaliya / EFE
Pésima suerte tuvo Catherine Ashton con el día elegido para visitar Gaza. La jefa de la diplomacia europea cruzó en la mañana de ayer la frontera desde Israel y una hora después fallecía un inmigrante tailandés por el impacto de un cohete lanzado desde la franja, la primera víctima en suelo israelí en 14 meses.
Tildan a los dirigentes de Hamás de infieles, ateos, paganos y traidores al islam. También los llaman "perros", uno de los insultos más denigrantes para un musulmán. Son unos pocos miles de personas que conforman una decena de grupos salafistas, inspirados por Al Qaeda, y que desafían al Gobierno de Hamás en Gaza.
La postergación hasta junio del viaje que Barack Obama tenía previsto iniciar el domingo a Indonesia y Australia fue ayer el último indicador de las horas dramáticas que Estados Unidos vivirá en un fin de semana decisivo para la reforma sanitaria. La ley ya está redactada.
¿Está en peligro la independencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos? La pregunta empezó a circular en público tras el insólito episodio ocurrido el 28 de enero durante el discurso sobre el estado de la Unión, cuando el juez Samuel Alito movió visiblemente los labios para responder "no es verdad" a la crítica que Barack Obama hacía a una sentencia reciente de la más alta institución judicial.
Los jefes de la política exterior de EE UU y Rusia se mostraron ayer optimistas sobre la posibilidad de firmar en breve el acuerdo para sustituir el Tratado de Armas Estratégicas (START), documento básico del fin de la Guerra Fría, que expiró el 5 de diciembre de 2009.
Esta vez no hubo golpes ni violencia. Pero no faltaron los insultos y un sonado acto de repudio contra las Damas de Blanco, que, en su cuarto día de protestas, reclamaron la liberación de sus familiares presos. Obviamente, la estrategia de las autoridades cambio.
Por primera vez en su historia, la Iglesia de Grecia, una de las mayores propietarias de tierra e inmuebles del país, deberá pagar impuestos. Es una de las medidas con que el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu pretende reducir la deuda pública (300.000 millones de euros).
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