Zapatero aplaza la reforma de los fondos especulativos ante las presiones de Brown

Una llamada telefónica del primer ministro británico, Gordon Brown, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue determinante ayer para aplazar el debate sobre la regulación de los fondos especulativos en el Consejo de Economía de la Unión Europea. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que presidió el Consejo, justificó el aplazamiento argumentando la búsqueda de un mayor consenso. "Queremos convencer a todos", dijo Salgado, y añadió que "siempre es bueno tener el máximo de consenso por lo que vamos a seguir trabajando".

Zapatero, quien el pasado 19 de febrero había lanzado en Londres un contundente ataque contra los especuladores a los que responsabilizó de la crisis financiera, se mostró ayer más receptivo a las peticiones del líder laborista británico, Gordon Brown, para buscar un consenso. Brown se encuentra ya enfrascado en una larga batalla electoral frente a una oposición conservadora muy antieuropea a la que España no quiere facilitar fácil munición.

Zapatero lanzó en febrero en Londres un ataque contra los especuladores

El comisario Barnier rechaza presiones incluso de Washington

Londres es la sede del 80% de los fondos alternativos que incluyen los hedge funds o fondos especulativos o de alto riesgo y private equity o fondos de capital riesgo, según ha señalado Andrew Baker, director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Fondos Alternativos, AIMA.

En la conferencia de prensa celebrada después del Consejo, Salgado señaló que la decisión de aplazar el debate no había recibido la oposición de ningún Estado e insistió en que "es un objetivo de la presidencia española que esta directiva pueda aprobarse durante este semestre". El objetivo es "convencer a todos los países y creemos que ello puede ser posible", añadió respondiendo a las presiones de Reino Unido.

La presidencia española trabaja en un doble frente. Por una parte, intenta un acuerdo en las negociaciones en el seno del Consejo con Reino Unido y, por otra, prepara la negociación con el Parlamento Europeo que también es colegislador y será decisivo pues ya se han presentado más de 2.000 enmiendas. El propósito de la UE es poder llevar un consenso a la próxima reunión de ministros de Finanzas del G-20 en abril.

La falta de acuerdo entre la mayoría de países de la Unión Europea y Reino Unido radica sobre todo en el distinto criterio para autorizar a los gestores europeos de fondos radicados en territorios fuera de la Unión. Londres aspira, por ejemplo, a que un gestor autorizado por Reino Unido pueda gestionar y trabajar con un hedge funds en cualquier país de la UE. Para Bruselas una solución sería que el país de residencia de fuera de la UE tuviera los mismos controles, sistemas de supervisión y garantías que se exigen en un país comunitario. Otro aspecto polémico es de los depositarios, en la medida en que la directiva exige que las garantías requeridas a estos fondos estuvieran radicadas en un país de la UE. La directiva sólo se aplicará a los gestores que administren fondos de más de 100 millones de euros o más de 500 millones si no están apalancados.

Los fondos alternativos movilizan un total de dos billones de euros. El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, destacó que estos fondos suponen la mitad de todos los movimientos de capitales. Barnier aceptó los razonamientos de Salgado, manifestando que, si "la presidencia considera que si para construir un consenso lo más sólido posible necesita unos días o semanas más, hace bien".

El comisario francés rechazó cualquier tipo de presiones ya provinieran de París, Londres "y mucho menos de Washington", donde tiene previsto trasladarse las próximas semanas para abordar el tema con las autoridades estadounidenses con vistas a la reunión del G-20. Barnier aseguró de todas formas que será "muy exigente" con los fondos extranjeros y para obtener el pasaporte para actuar en la UE se les exigirá "reciprocidad".

El ministro de Finanzas británico, Alistair Darling, subrayó el deseo de su país de "alcanzar un acuerdo sobre la directiva", pero considera que "es necesario un trabajo más detallado tanto en la UE como en el G-20 para asegurar que tenemos un enfoque global compartido".

Frente a la flexibilidad de los negociadores en aras de alcanzar un acuerdo, tanto con Londres como con Washington, cuyo secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha acusado a la UE de proteccionista, los socialistas europeos están reforzando sus exigencias. Poul Nyrup Rasmussen ha dirigido una carta a Barnier en la que le exige que "no sólo los gestores sino los fondos mismos deben ser regulados; que los fondos no europeos deben ser incluidos, fijar límites al apalancamiento extremo; que la completa transparencia debe ser central en esta directiva y las multas a las conductas impropias deben ser destacadas".

La Asociación de Gestores de Fondos Alternativos (AIMA) ha advertido de los riesgos de la aprobación de la directiva que, en su opinión, produciría unas pérdidas de unos 25.000 millones de euros a la industria de los fondos de pensiones privados, que operan en buena medida con fondos alternativos. AIMA cita un reciente informe de la Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido que asegura que los "hedge funds no suponen un riesgo potencial para el sistema financiero".