Sin lucro no hay delito (por ahora)

A la espera de que se concrete la nueva legislación que prepara el Gobierno para frenar las descargas no autorizadas de Internet, la batalla entre defensores y detractores de las webs que hacen posible esas descargas se está librando en los tribunales. Hasta el momento se han iniciado 34 causas penales contra páginas de enlaces o de descargas.

De los casos cerrados, el balance es de cuatro archivos definitivos por las respectivas audiencias provinciales (casos Sharemula, emule24h, Todocaratulas y Tvmix ), dos autos firmes de sobreseimientos por no haber localizado a los responsables (Softcopias y Canalpirata), una absolución (Todocaratulas) y dos sentencias condenatorias de conformidad (Infopsp y Simonfilmtv). Los demás casos siguen su curso normal o están pendientes de recurso de apelación tras haber sido sobreseídos en primera instancia, según datos recabados en fuentes jurídicas. Además de estos procesos por la vía penal hay también en marcha varios procesos por lo civil, como el que acaba de cerrar un juzgado de lo mercantil de Barcelona desestimando la demanda de la SGAE contra la página Elrincondejesus.

La industria denuncia que esas páginas ingresan 1,5 millones al año

Para los internautas, la justicia ordinaria ya ha legitimado su actividad

Teniendo en cuenta que hay casos que se remontan a 2003, no se puede hablar de una avalancha de denuncias contra las páginas web en los juzgados. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el lobby de la industria cultural que ha llevado las negociaciones para frenar las descargas, entregó en octubre pasado al Ministerio de Industria una lista de 200 webs que, según sus cálculos, eran responsables de más del 70% de las descargas "ilegales" en España. La Coalición, que pidió que se trasladara el informe a la Fiscalía General del Estado, aseguró que el ingreso medio de las páginas de enlaces de "tamaño medio" era de 1,5 millones de euros al año. En respuesta a esta iniciativa, el pasado martes, se puso en marcha La Lista de Sinde, que ha logrado reunir las firmas de 1.180 páginas que presentaron un escrito al Ministerio de Cultura autoinculpándose como webs de descargas.

Sin embargo, a los tribunales apenas han llegado una treintena de casos de este tipo de web. La interpretación que hacen las dos partes en conflicto de esa exigua conflictividad judicial en esta materia es completamente opuesta. Para la industria musical y cinematográfica y las sociedades de gestión de derechos, esta escasez de denuncias es una prueba palpable de que las leyes actuales son inoperativas para luchar contra un fenómeno como la piratería, por lo que es preciso una nueva legislación como la que prepara el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluye un procedimiento rápido y especial para el cierre cautelar de webs.

Desde el otro bando, los responsables de páginas web, sus abogados y los internautas más activistas, con el apoyo tácito de decenas de miles de usuarios, opinan que la justicia ordinaria ya ha legitimado con varias sentencias su actividad, y que, precisamente por ese respaldo, la industria cultural, con ayuda del Gobierno, quiere sacar adelante una legislación especial, sin apenas garantías, que permita el "cierre arbitrario" de webs.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) prevé la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que permitirá bloquear o cerrar las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. La Comisión tramitará las denuncias y la Audiencia Nacional acordará la adopción de medidas cautelares. Se espera que el Consejo de Ministros apruebe la LES en las próximas semanas para su debate en el Parlamento, que tiene prevista su aprobación antes de que finalice el primer periodo de sesiones, el 30 de junio.