Indicios para investigar

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha encontrado indicios de que el Gobierno venezolano de Hugo Chávez amparó la colaboración entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA para atentar contra altos mandatarios colombianos durante sus visitas a España. Son sólo indicios, no pruebas, pero el hecho de que consten en un auto judicial basta para situar al Gobierno de Hugo Chávez bajo una sombra de sospecha que no puede desconocer el Gobierno español y que tiene entidad para afectar a las relaciones entre los dos países. El presidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los posibles objetivos, ha reaccionado con prudencia y ha dejado en manos de "los canales diplomáticos" indagar sobre la imputación judicial.

Para Chávez, la decisión del juez español sólo cabe interpretarla como un "triste resto" de la época colonial. Esa explicación gustará a sus seguidores, pero no es una respuesta seria a las explicaciones oficiales que ha solicitado el Gobierno español. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, pone en duda la autenticidad de los archivos contenidos en el ordenador incautado al número dos de las FARC, Raúl Reyes, muerto en una operación militar colombiana sobre suelo ecuatoriano, y que constituyen la base de la investigación del juez español. Pero la autenticidad de los archivos contenidos en ese ordenador fue avalada por la Interpol. Se puede entender que el Gobierno venezolano intente devaluar el único indicio en que el juez español fundamenta "la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA": la participación del etarra Arturo Cubillas, alto funcionario en el Gobierno de Venezuela desde 2005. Pero el hecho de que Cubillas resida en Venezuela desde mayo de 1989 en virtud de los acuerdos entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, tras las negociaciones fallidas de Argel, y que se haya nacionalizado en ese país, no es incompatible con la actuación que le atribuye el juez español.

La respuesta que cabe esperar de Chávez es la colaboración que le pide la justicia española. No sólo para despejar las sospechas que se ciernen sobre su conducta, sino para clarificar que el territorio venezolano no sirve de base para la colaboración entre grupos catalogados como terroristas por la UE, uno de los cuales, ETA, sigue atentando en España.