Examen a los servicios públicos

La privatización la paga el usuario

Sólo dos de los nuevos hospitales de Madrid están entre los 10 más valorados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso el pasado viernes la primera piedra del hospital de Torrejón de Ardoz. Cuando esté acabado, 134.000 personas recibirán atención sanitaria de una empresa que contratará a médicos y enfermeras y construirá el centro. Se unirá a los ocho hospitales con gestión privada que han cambiado el panorama sanitario en la región en siete años. Ahora, uno de cada cuatro hospitales es privado total o parcialmente. Una apuesta similar ha teñido la gestión en educación y servicios sociales de Aguirre, una política liberal que pregona las bondades de la privatización desde que fuera concejal en Madrid y que ha respaldado abiertamente la concertación. Una fórmula inventada al universalizarse la sanidad o la educación para que los recursos privados complementasen a los públicos para llegar a todos, pero no para copar la cobertura.

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¿Salen beneficiados los usuarios, que pagan con sus impuestos estos servicios? Los datos disponibles sugieren que no. En el capítulo sanitario, la OMS, después de estudiar decenas de experiencias privatizadoras, concluyó ya en 2006 que el desarrollo de estos modelos se logra "muchas veces a expensas de la calidad en la asistencia". Sanidad no ofrece datos oficiales sobre la calidad del servicio de los nuevos hospitales, pero sólo dos de ellos se cuelan entre los 10 mejor valorados por los usuarios. Y los 75 quirófanos extra no han aliviado las listas de espera quirúrgica.

En educación, la clara apuesta por la enseñanza concertada perjudica en términos de igualdad. A los niños que van a la escuela pública, porque al no velar la Administración por el reparto equitativo de estudiantes inmigrantes o con necesidades educativas especiales, éstos se concentran en sus aulas. Esto incide, según los expertos, en los bajos resultados que obtienen en las pruebas de nivel. Quienes acuden a los colegios concertados no se forman de acuerdo a la realidad social en la que la inmigración está presente. Sus profesores cobran menos y no han superado las oposiciones a las que deben enfrentarse los docentes de la pública. En casi todos han de pagar cuotas "voluntarias" que perjudican a los alumnos más pobres.Ahora, sólo 6.000 mayores viven en residencias públicas, igual que hace 15 años. El crecimiento en las camas ha sido a costa de la concertación o de la cesión del suelo a una empresa que construye y gestiona las residencias. Las denuncias por falta de personal, la mala calidad de los alimentos, las irregularidades en la dispensación de la medicación y la falta de material, como pañales, son más numerosas en las concertadas y privadas que en las públicas.

SANIDAD Lo público se valora mejor

Esta misma semana, Esperanza Aguirre colocaba la primera piedra del hospital de Torrejón y sonreía para la foto junto al director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa. La Comunidad de Madrid pondrá el dinero y De Rosa será el encargado de construir y gestionar el centro. La asistencia será lo único público. El resto -médicos, enfermeras, técnicos, limpiadoras, cocineros...- dependerán de empresas privadas que, en régimen de concesión administrativa por un periodo de 30 años, gestionarán el hospital. Es como si la administración alquilara el hospital. La renta le saldrá por 2.100 millones de euros.

La sanidad madrileña ha cambiado mucho en los siete años que lleva Esperanza Aguirre en la presidencia de la región. Cuando llegó, en 2003, encontró que los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) eran de gestión pública. El Gobierno regional se responsabilizaba del personal sanitario, de los servicios, del mantenimiento... En aquella campaña electoral prometió construir siete hospitales nuevos. De golpe. ¿Cómo, con qué dinero?, se preguntaron muchos. Lo que hizo fue desvincularse de parte de la gestión mediante un sistema mixto público y privado. En lugar de poner el dinero de golpe, las empresas se lo adelantan.

El hospital de Valdemoro, precedente del de Torrejón, avanzó un paso más en el modelo. Todo, médicos y enfermeras incluidos, dependían de empresas privadas. El panorama queda así: ocho de los 32 hospitales del Sermas están gestionados total o parcialmente por empresas. Y los cuatro nuevos que la presidenta prometió para esta legislatura (Torrejón, Móstoles, Carabanchel y Collado) seguirán el modelo de Valdemoro.

Prácticamente no hay mes en el que no se conozca una nueva privatización. La última ha sido la de las citas médicas. El Gobierno pagará 400 millones en cuatro años a una empresa que montará un call center para gestionar las citas de atención primaria y las derivaciones a especializada, algo de lo que ahora se ocupan empleados públicos de los centros de salud.

Y, ¿cuál es el balance? Sanidad no divulga los resultados de los hospitales. Ni si los nuevos tienen más o menos quejas que los tradicionales. Ni si han tenido que penalizar a las empresas concesionarias por incumplimientos. Pero la única encuesta que ha hecho pública, de marzo de 2009, asegura que sólo dos consiguen colarse entre los 10 mejor valorados por los usuarios. El resto quedaron en los puestos 11, 15, 18, 19 y 22. Tampoco parece que los 75 flamantes quirófanos extra hayan aliviado las listas de espera quirúrgicas. Nunca, desde que existe recuento (2004), había habido tantos pacientes en espera para una operación. Y está claro que prefieren el modelo público, porque más de un tercio de ellos rechazó la primera opción que les ofrece Sanidad, que en muchos casos es una clínica concertada.

ASUNTOS SOCIALES Recorte de gastos

Las plazas residenciales para mayores en la región crecen y crecen, según el Gobierno regional (hasta 22.000 en 2009). En realidad, las personas mayores atendidas directamente por el Servicio Regional de Bienestar Social se mantienen estables, en torno a las 6.000 desde mediados de los noventa. Sin embargo, la modalidad que más aumenta es la del copago, la concertación con residencias privadas. La Administración paga un porcentaje del precio y el usuario, otro. También existe otra modalidad llamada el plan velocidad: los Ayuntamientos ceden el suelo y el Gobierno regional abre a concurso la construcción y gestión de la residencia, que tendría plazas públicas y privadas a la vez. Como el caso de la Artevida en Alcobendas, denunciada en varias ocasiones por graves negligencias, la mayoría derivadas de la falta de personal.

Las personas que están en esta situación, o directamente en la gestión privada de recursos propios, han pasado de 10.931 en 2007 a 13.082 en 2008. Y subiendo en 2009, aunque todavía no hay una memoria oficial (de hecho la última publicada en Internet por la consejería es la de 2007, aunque el Consejo Económico y Social ya dispone de la de 2008). Los datos se resumen en el número de residencias propias: 42, en comparación con las privadas, 126.

Esta cesión, según la portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, afecta directamente a la calidad de los servicios "porque las empresas al final son empresas y buscan recortar los gastos". Unos recortes que en ocasiones se han traducido en escasez de personal (sobre todo por las noches), falta de médicos y material de rehabilitación. Incluso en varias denuncias por la calidad de los alimentos. Y problemas en la medicación y en el material básico, como pañales.

También son empresas quienes ejercen la tutela de los niños por los que debe velar la Comunidad de Madrid y sufren algún tipo de trastorno (11 de los 29 centros). Incluso los centros de reforma de menores están adjudicados a compañías privadas, en muchos casos de vigilancia.

EDUCACIÓN Escalada de conciertos

La escritura es tosca pero contundente: "Patrimonio robado al colegio público". La pintada del muro recibe a padres y niños en el colegio Los Nogales, el antiguo Miguel Ángel Blanco, en El Álamo. Es el símbolo de la vuelta de tuerca. Nació como centro público. Educación invirtió dos millones de euros en el edificio central que da por perdidos. Y, con más de 60 alumnos matriculados, aprobó su cesión a una empresa, lo concertó. Hubo manifestaciones y protestas, por la primera decisión de estas características: ceder no sólo el suelo, también parte de la infraestructura pagada con fondos públicos. Los padres expulsados no se dan por vencidos dos años después. Sobre el colegio pesan tres sentencias: una favorable y dos en contra. Educación modificó un decreto antes de Navidad para evitar devolverlo al patrimonio público. El Ayuntamiento de El Álamo, del PP, recibe 75.000 euros mensuales por el concierto. Le sirven para sanear unas cuentas públicas con más de 18 millones de euros que heredaron del anterior gobierno socialista. El Ayuntamiento da un dato: en sólo un curso, Los Nogales ha pasado de 70 a 330 matriculados. Y esa cifra, sostienen, demuestra que necesitaban un centro concertado, para facilitar la libertad de elección.

El derecho de los padres a elegir, del que siempre habla la Consejería de Educación, ha propiciado que la matrícula de la concertada creciera cinco veces más rápido que la pública de 2000 a 2007. Casi la mitad de los alumnos madrileños estudian en centros públicos (53,7%), frente al 63,7% de media nacional y sólo por detrás del País Vasco (49,6%), según datos del Ministerio de Educación. En 2008, la Comunidad cedió casi tanto suelo para centros concertados como en los siete anteriores: 180.000 metros cuadrados, un 30% menos de lo que ocuparon los nuevos públicos. El negocio es redondo: Educación no gasta un euro por construir el centro y los profesores cobran menos. La Comunidad defiende que las diferencias son mínimas. ¿Es eso cierto? Volvamos a El Álamo.

El colegio Los Nogales, según un portavoz, tiene "dos o tres" inmigrantes por clase. En el colegio público del pueblo, son más del 30%. Tres de cada cuatro alumnos extranjeros de Madrid estudian en centros públicos (76%). El País Vasco, con una distribución similar de estudiantes en la pública, hace un reparto algo más equitativo (32% de inmigrantes a la concertada, 67% a la pública). Eso "propicia la creación de guetos y cultiva las diferencias como en una sociedad de castas; la escuela debe reproducir la sociedad", considera Rafael Feito, profesor de Sociología de la Educación de la Complutense de Madrid.

En Los Nogales se paga por estudiar. No es un precio oficial, porque los concertados deben ser tan gratuitos como los públicos. Como en muchos otros centros, la cuota, de 60 euros, se disfraza de pago "voluntario" por las clases de refuerzo en inglés.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de febrero de 2010.

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