Contra la privatización, buen servicio público

El debate sobre lo público-privado en los servicios públicos es parte del debate más general sobre el papel del Estado y del mercado en la economía de las sociedades industriales modernas. Es un debate complejo, arcano para los no iniciados, cuyas conclusiones equivocadas castigan a los ciudadanos y a los países, como muestra la crisis económica actual producto de la falta de regulación y controles públicos de los mercados financieros. La mejor experiencia mundial nos dice que los países más avanzados lo son en gran medida porque tienen buenos servicios (educación, sanidad, etcétera), que son bien gestionados dentro del sector público.

La palabra privatización tiene mucha más complejidad de lo que a primera vista parece. Conviene distinguir y analizar separadamente (1) lo que se privatiza (propiedad, actividades, financiación, provisión, o una combinación de ellas); (2) el destinatario final de la privatización (entidad empresarial de carácter comercial o sin ánimo de lucro) y (3), el proceso, forma y detalles de contrato, incluyendo en éste: precio-contraprestación, transparencia y publicidad, duración y plazos, seguimiento y control por parte del Estado, estándares de calidad y garantías del servicio, cláusulas de reversión, sanciones por incumplimiento, etcétera.

El tema clave a tener en cuenta, desde el punto de vista del interés general en relación a las privatizaciones, es su contribución o el riesgo que suponen para los objetivos y valores a los que responde el servicio público. En muchos casos evaluar este punto con rigor es extraordinariamente difícil, casi imposible, debido a problemas tanto teóricos (metodología) como prácticos (especialmente ausencia de información), siendo frecuente la falta de voluntad evaluadora de los políticos que impulsan la privatización y de los agentes implicados en ésta. De ello son ejemplos de libro la resistencia de los Gobiernos del PP de Valencia y de Madrid a dar al Parlamento información sobre sus privatizaciones sanitarias "modelo Alzira". Como en todo lo público, el nivel de transparencia es el mejor indicador para juzgar las intenciones y la realidad de las políticas.

Transparencia es hacer pública toda la información, pero incluye también explicar el porqué de las decisiones. No deja de ser significativo el gran déficit de transparencia que caracteriza a los procesos de privatización de nuestro país; sus mentores no se molestan en ofrecer justificación alguna, más allá de declaraciones de prensa o eslóganes. Por ejemplo, la decisión, compleja y no poco radical de privatizar por concesión administrativa toda la atención sanitaria de un cuarto de millón de ciudadanos de Móstoles, dedica únicamente 16 líneas, irrelevantes, al epígrafe 2.5 Justificación de la solución elegida.

En esa ausencia de transparencia, desgraciadamente tan frecuente, otro criterio importante para evaluar las privatizaciones es la existencia de conflictos de interés a los que éstas pueden dar lugar. En este sentido es muy importante la naturaleza, con o sin ánimo de lucro, del destinatario final de la privatización. El conflicto potencial entre la búsqueda de beneficio y los objetivos del servicio público es tan importante que países como Holanda y Canadá tienen limitaciones severas a los servicios sanitarios del sector privado con ánimo de lucro; en esta misma línea, el Estado brasileño de São Paulo limita las concesiones sanitarias a entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo en Valencia y Madrid tenemos la paradoja de ver a compañías de seguros sanitarios privados gestionando el seguro sanitario público. Los conflictos de interés entre los objetivos y valores de los servicios públicos y los operadores privados de éstos no sólo son económicos, pueden ser profesionales (evitar competencia, generar lista de espera, etcétera), pero también de naturaleza política o ideológica, especialmente en la educación.

El control público de los servicios externalizados es otro punto crítico. No sirve para mucho detallar una larga lista de cláusulas en los contratos si luego no existen medios para velar por su cumplimiento, éste no se hace público con garantías, o los responsables del control pueden saltar de lo público a lo privado sin problemas.

En una sociedad como la nuestra, los servicios públicos, y de un modo especial educación y sanidad, están basados en valores compartidos de solidaridad, igualdad y justicia social. La mejor forma de reforzarlos es hacer que sean buenos. Para ello, se necesitan leyes y controles, pero sobre todo fuertes dosis de ejemplaridad ética en la política, la sociedad y los profesionales.

José Manuel Freire es profesor de la Escuela Nacional de Sanidad.