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Tribuna:A FAVOR | Examen a los servicios públicos

Necesario para sanear las finanzas públicas

Desde hace años, los Gobiernos de todo el mundo han visto en las privatizaciones un instrumento necesario para sanear las finanzas públicas, aumentar la eficiencia de los servicios públicos y limitar el poder del Estado sobre la economía. Hace tan sólo 12 años empresas como Telefónica, Repsol, Endesa, Transmediterránea, Enatcar, Tabacalera, Iberia, Argentaria, etcétera, eran propiedad del Estado español. La privatización de esas empresas públicas ha demostrado que el sector público no tiene por qué tener compañías telefónicas, ni bancos, ni debe dedicarse a la generación de energía eléctrica, ni a transportar a los ciudadanos por tierra, mar y aire.

En esta línea también las comunidades autónomas deberían ir privatizando sus empresas públicas. Es literalmente absurdo que mientras el Estado ha madurado y privatizado su sector público empresarial, las comunidades autónomas y los entes locales se dediquen a crear empresas públicas. Muchas comunidades autónomas están gestionando actividades sin que exista una justificación para ello. La Comunidad de Madrid debería privatizar también una buena parte de su sector público empresarial. A la privatización de empresas públicas habría que unir otro tipo de privatización, más limitada, los contratos de colaboración pública-privada por los que el sector privado no sólo accede a la construcción de una infraestructura concreta sino también a su gestión durante un tiempo determinado.

Las empresas más emblemáticas de la Comunidad de Madrid son quizá Telemadrid, Caja Madrid y el Canal de Isabel II. Tanto la privatización de Telemadrid como la de Caja Madrid chocan con serias dificultades legales. Sin embargo, y a pesar de la inexistencia de un cauce legal para proceder a su privatización, conviene resaltar que en el caso de Telemadrid es muy difícil defender su presencia como empresa pública (servicio público) cuando emite programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas. De ahí que la privatización conseguiría reducir, por un lado, las distorsiones económicas en el sector de los medios de comunicación y, por otro, evitaría el adoctrinamiento ideológico de los televidentes. En la actualidad la Ley de Terceros Canales, de rango estatal, impide que se pueda llevar a cabo esta privatización y es una lástima que el Gobierno de la nación no esté por la labor de cambiarla.

En cuanto a Caja Madrid, somos muchos los que defendemos que si se privatizara prestaría un mejor servicio a la región. Si fuera de propiedad privada se reducirían, además, las grandes distorsiones económicas provocadas por la politización del gobierno de la Caja. El bochornoso espectáculo ofrecido en la sustitución del anterior presidente Blesa pone de manifiesto la urgente necesidad de evitar la politización en los nombramientos de presidentes y consejeros y su lógica influencia en la gestión de la Caja. Evidentemente exigiría un cambio en la legislación para que el capital privado pudiese ser accionista con derecho a voto y poder así gestionarlas.

En el caso del Canal de Isabel II, en septiembre de 2008 la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la intención de privatizar el 49% del capital de esta empresa encargada de gestionar el suministro de agua en Madrid. Se trataría de una venta parcial que no llevaría aparejada la transferencia del "control", por lo que no supondría una auténtica privatización. El objetivo de esta venta sería captar fondos con los que se podrían realizar nuevas inversiones necesarias en infraestructuras. El Ejecutivo regional considera que el crecimiento de la población en Madrid precisará realizar nuevas inversiones (cuantificadas en alrededor de 4.000 millones de euros) con las que poder garantizar el suministro y la distribución del agua. La privatización sería una forma de poder disponer de los recursos financieros necesarios con los que acometer estas inversiones.

La privatización de estas tres grandes empresas (Caja Madrid, Canal de Isabel II y Telemadrid) tendría cuatro ventajas: 1) favorecería una mejor gestión, lo que supondría que los madrileños recibirían un mejor servicio; 2) de su venta se obtendría unos recursos que son muy necesarios, en estos momentos, para reducir la deuda de la Comunidad; 3) una vez privatizadas, esas empresas serían más eficientes por lo que generarían más beneficios, lo que permitiría obtener mayores ingresos fiscales, y 4) estas privatizaciones eliminarían, además, la politización de algunas actuaciones.

Rafael Pampillón Olmedo es catedrático de la Universidad CEU-San Pablo y Profesor del IE Business School.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de febrero de 2010