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Salud arremete contra la sindicatura por cuestionar sus adjudicaciones

El informe fiscalizador revela más irregularidades en otros dos centros del departamento - Un síndico alerta de la existencia de "fraude" en los contratos

Si no hay concurso público es porque no es necesario. Así arremetió ayer el Departamento de Salud contra la Sindicatura de Cuentas por el demoledor informe en el que critica el sistema de adjudicación de contratos, muchas veces a dedo, entre ellos el del hospital comarcal del Baix Llobregat. El Gobierno, en una inédita y dura respuesta a la sindicatura, se escuda en que la empresa adjudicataria no estaba sujeta a la totalidad de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), a pesar de estar controlada por éstas y de formar parte de los presupuestos de la Generalitat. La sindicatura no comparte ese criterio.

La entidad fiscalizadora de las cuentas públicas advertía en una auditoría sobre el ejercicio 2007 -adelantada ayer por EL PAÍS- de que el Consorcio Sanitario Integral -gestor de capital público con una participación minoritaria de la Cruz Roja- adjudicó a dedo varios contratos. Es el caso del proyecto del hospital del Baix Llobregat. Sólo se convocó un concurso de ideas que ganó el despacho Brullet Pineda Arquitectos, en el que luego recayeron todos los contratos posteriores: el proyecto básico, el informe medioambiental y dos proyectos ejecutivos.

El director general del consorcio, Santiago Nofuentes, sostuvo que éste sólo está sujeto a la LCAP en los requerimientos de "publicidad y concurrencia" y que, a su juicio, una vez adjudicado el concurso, ya no estaban sujetos a dicha ley. Según Nofuentes, el despacho de arquitectos se llevó los contratos posteriores porque la ley permite "esa continuidad". Sin embargo, según la legislación, sólo es posible hacerlo cuando suponga una continuidad del concurso y esté previsto en las condiciones.

Es más, el consorcio apuntó que dio contratos sin concurso en otras ocasiones. La sindicatura señala que lo hizo ya en 2006, cuando se adjudicaron "sin seguir los principios de publicidad y concurrencia" dos contratos para redactar el proyecto y la dirección facultativa de la residencia Collblanc-Torrassa. "En ese caso, lo hizo un arquitecto que nos hace más proyectos de urgencia desde hace 10 años", admitió Nofuentes. Una actuación similar se siguió en las obras de reforma del centro de rehabilitación Fontsanta, también gestionado por el consorcio. Las obras se adjudicaron "sin cumplir el procedimiento que dicta la ley", certifica la sindicatura.

El fiscalizador también ve irregularidades en la contratación del sistema de gestión del consorcio. Su costo se incrementó el 46% de forma injustificada: 700.000 euros más.La sindicatura denuncia, además, que se pagó el sobrecoste de 700.000 euros pese a que el contrato firmado anteriormente establecía que las mejoras que introducir en el software durante su puesta en marcha irían a cargo de la empresa adjudicataria. Y llega más lejos. Si bien en esta ocasión hubo concurso, el sistema de gestión informática fue adjudicado no a la empresa que logró más puntos, sino a la que quedó segunda en el proceso.

La gran cantidad de irregularidades detectadas por la sindicatura en el Consorcio Sanitario Integral hizo que un miembro del organismo, Jordi Pons, nombrado a propuesta de ERC, emitiera un voto particular en el que destaca la gravedad de los hechos y apunta a que los contratos de obra pueden ser fraudulentos.

Tras la reunión del Gobierno catalán, el presidente de la Generalitat, José Montilla, rechazó ayer la existencia de irregularidades. La oposición, sin embargo, promete cargar duro. La diputada del PP Belén Pajares deploró que la Administración "no dé ejemplo" con sus contratos, mientras que el diputado del grupo Mixto, José Domingo, anunció que pedirá la comparecencia en el Parlament de los responsables del consorcio en la época de las irregularidades, entre ellos el ex alcalde de L'Hospitalet y hoy ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de febrero de 2010