Problemas en la tercera economía latinoamericana

La deuda pública reabre en Argentina una nueva crisis institucional

El conflicto entre el Gobierno y el Banco Central deriva en un ensordecedor ruido político

La mayúscula crisis institucional que ha reabierto el pago de la deuda pública en Argentina agitó ayer el espantajo de las conspiraciones en la arena política. El ex presidente argentino Néstor Kirchner considera que detrás del conflicto con el Banco Central de su país se esconde una "conspiración en marcha" contra el Gobierno de su esposa, la peronista Cristina Fernández. En un mitin en el balneario de Santa Teresita, a 300 kilómetros de Buenos Aires, Kirchner cargó contra el vicepresidente Julio Cobos, radical y ex aliado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que convocó para mañana una reunión del Senado para debatir sobre los reveses judiciales de Fernández. La presidenta intentaba pagar la deuda pública con reservas del banco central y destituyó a su gobernador, Martín Redrado, que se resistía a abrir las arcas del banco. Todo ello vía decreto. Pero una juez restituyó a Redrado en el cargo y paralizó el uso de las reservas del país en medio de una fenomenal tormenta política que empieza a calar también en los mercados.

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El lío se agiganta por momentos. "Nunca vi en la historia reciente de la democracia que alguien que es vicepresidente de un Gobierno sea candidato a presidente del partido opositor", atacó Kirchner, que espera que el Gobierno pueda apelar contra la restitución judicial de Redrado en su cargo. La juez que repuso al gobernador, María José Sarmiento, declaró ayer en los medios que no aceptará la apelación durante el fin de semana, por lo que el Gobierno tendrá que aguardar hasta mañana para hacerlo.

A los Kirchner les gusta estimular la economía para que crezca a tasas altas, "chinas", como ellos les llaman, aun a costa de una inflación que supera el 20%. Eso ha conseguido reducir el paro y ha redundado en beneficios políticos para el kirchnerismo, con la victoria electoral de 2007. Pero a diferencia de algunos Gobiernos del pasado no tan lejano en Latinoamérica, que querían gastar sin pagar la deuda exterior, la presidenta de Argentina no acepta un incumplimiento con los acreedores. Un ex ministro de Néstor Kirchner reconoce que el matrimonio sabe que la suspensión de pagos y la devaluación en significarían casi automáticamente el final del Gobierno. Y los Kirchner confían en continuar la saga.

Todo ese escenario explica en parte el origen de la crisis institucional y política que se desató el pasado miércoles en la tercera economía latinoamericana por la decisión de Fernández de pedirle la renuncia al gobernador del Banco Central. El pasado 14 de diciembre, la jefa de Estado y el ministro de Economía, Amado Boudou, un economista de formación neoliberal pero que aplica las recetas del peronismo kirchnerista, anunciaron la creación "por decreto de necesidad y urgencia" de un Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento -en alusión a los 200 años de independencia que cumple Argentina este año-, que consistía en que el Gobierno tomara 6.500 millones de las reservas del Banco Central para el pago de casi la mitad de los vencimientos de la deuda en 2010.

El presupuesto del Estado, que ya había aprobado el Congreso, disponía que la deuda se saldara con recursos tributarios y con la emisión de bonos, que podían ser suscritos por la Seguridad Social y otros organismos oficiales o incluso en los mercados internacionales, en el caso de que Argentina volviese a ellos después de una década de ausencia tras la suspensión de pagos de 2001.

Pero los Kirchner confesaron a Boudou que preferían usar más impuestos para gastar más y lograr un crecimiento de la economía del 7% en 2010, después de que la crisis mundial propinara a Argentina una caída del PIB del 2,2% en 2009. El problema radicaba en cómo financiar ese estímulo, dado que el país carece de financiación en los mercados y en 2009 incurrió en déficit fiscal (1,7% del PIB, por debajo de otras potencias económicas) por primera vez desde la depresión de 2002. Así que la manera de conseguir recursos extraordinarios y a la vez dar seguridad a los acreedores fue echar mano del Banco Central. Con tal de aumentar el gasto sin fallar a los acreedores, los Kirchner han sido capaces de apuestas osadas: desde 2007 subestiman el índice de precios al consumidor (IPC) por el que se actualizan los bonos en pesos; en 2008 aumentaron los impuestos a los agricultores, lo que derivó en huelgas y piquetes durante cuatro meses, y reestatalizaron el sistema de pensiones, que había privatizado el Gobierno de otro peronista, Carlos Menem.

En 2006, Néstor Kirchner ya había usado reservas para cancelar los casi 10.000 millones que le debía al Fondo Monetario Internacional, para librarse de las desafortunadas recetas de la institución. Pero la Carta Orgánica del Banco Central, creada por ley del Congreso, sólo admite que las reservas se usen para pagar a organismos internacionales. No puede sufragar los pagos a otro tipo de acreedores, como los bonistas.

He ahí el conflicto que se desató en diciembre con el decreto de Fernández para modificar la Carta Orgánica del banco central y conseguir que éste cediera reservas. Los decretos deben ser revisados por el Congreso, pero entre diciembre y febrero está de vacaciones. Así que el Gobierno pretendía que la cámara, que el 10 de diciembre dejó de estar dominada por el kirchnerismo, lo discutiera en marzo. La atomizada oposición comenzó a presionar y reclamó una reunión extraordinaria. Presentó recursos de amparo en los tribunales contra el decreto y amenazaba con denunciar al gobernador Redrado en el caso de ceder las reservas. Redrado se demoró tanto como pudo, e incluso se reunió con los líderes de la oposición. Fernández pidió su cabeza el miércoles. Y eso acabó de desatar el culebrón: el gobernador, máster por Harvard que desde 2004 se había mantenido fiel a los Kirchner, se negó a dimitir. El presidente de Argentina puede destituir al gobernador, pero después de que se pronuncie una comisión. Ese pronunciamiento no es vinculante, pero debe materializarse antes del despido.

Con el argumento de que el Congreso está de vacaciones, Fernández y todos sus ministros firmaron el jueves un segundo decreto que destituía de forma fulminante a Redrado por "incumplimiento de los deberes de funcionario" y "mala conducta". El gobernador, que no había acudido a los juzgados por las reservas, recurrió a ellos para salvar su silla.

El viernes, una juez federal, María José Sarmiento, suspendió la vigencia de los dos decretos. Doble revés para Fernández: la juez aceptó un recurso de amparo contra el uso de reservas para el pago de deuda y otro del gobernador Redrado, que volvió a su despacho. Mañana, el Gobierno podrá apelar. Pero la crisis ya está aquí.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 10 de enero de 2010.

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