El Gobierno argentino ejecuta su 'toma' del Banco Central

El conflicto por el uso de reservas monetarias de Argentina para pagar deudas se ha agudizado este lunes con la toma del cargo por parte del nuevo gobernador del Banco Central, hasta ahora vicepresidente y nombrado por el Gobierno, mientras que el anterior titular, enfrentado con Cristina Fernández pero avalado por la Justicia, ha denunciado su situación a los tribunales. Así, el vicepresidente de la institución, Miguel Pesce, ha asumido este lunes la presidencia de la entidad monetaria, un día después que las fuerzas de seguridad del Estado impidieran la entrada a su despacho de Martín Redrado, hasta ahora jefe de la institución. Redrado presentó una denuncia penal contra el Gobierno y un juez federal ha confirmado hoy que la está evaluando.

Pesce ha llegado por la mañana hora local a la sede del banco, custodiada por unos pocos policías, y que es objeto de una fuerte disputa que involucra al Gobierno, la oposición y la justicia. El conflicto estalló a comienzos de mes por la negativa de Redrado a cumplir un decreto presidencial para el pago de deudas con reservas, coincidiendo con preparativos de Argentina para refinanciar los bonos por un total de 20.000 millones de dólares que siguen en mora desde el cese de pagos de 2001. El precio de los bonos soberanos argentinos revirtieron su tendencia desde el alza hacia la bajada, pero el conflicto no ha tenido impacto en el mercado de cambios ni en el nivel de depósitos bancarios. Redrado, designado para un mandato de seis años que vence en septiembre próximo, fue destituido el 8 de enero por un decreto presidencial que después anularon dos fallos judiciales al considerar que es potestad del Parlamento destituirlo, como adujo el mismo presidente del Banco Central.

"Lo vamos a denunciar nosotros por encubridor"

Tras el impedimento policial para poder acceder a su despacho, Redrado denunció penalmente este domingo por la tarde al jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, por "abuso de poder". "Si Redrado no hace la denuncia, lo vamos a denunciar nosotros por encubridor", ha subradado el jefe del gabinete. Pero el juez federal de Buenos Aires Norberto Oyarbide ha confirmado ya que evalúa la denuncia penal de Redrado contra el Gobierno. Oyarbide ha aclarado a los periodistas que admitirá tratar la denuncia penal de Redrado en el actual período de receso judicial "si los acontecimientos revisten la gravedad suficiente", cosa que no ha decidido. "Si hasta hoy me defendí, ahora paso al ataque. Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares", ha señalado Redrado a Clarín en una velada referencia a presuntos delitos.

La justicia, según un fallo divulgado el pasado viernes, suspendió el decreto presidencial que ordenaba al instituto monetario separar 6.569 millones de dólares para pagar deudas públicas a lo largo del año y ratificó que para destituir a Redrado de la presidencia del banco es necesaria la intervención del Congreso. Pero el Gobierno, al tiempo que ha descalificado el fallo judicial, ha aclarado que Redrado ya no puede volver a conducir la autoridad monetaria. Gran parte de la oposición comparte este diagnóstico, ya que que buscan bloquear el uso de las reservas pero sin defender decididamente al presidente del Banco Central. "Los dos fallos que se sacaron el viernes son horrendos", dijo ayer domingo el ex presidente argentino Néstor Kirchner, antecesor, esposo y asesor informal de la presidenta Fernández.

Kirchner, en declaraciones a la televisión estatal, aseguró que existe una conspiración organizada por el mayor grupo de medios del país, el conglomerado Clarín; el vicepresidente argentino, Julio Cobos, y la justicia, a la que se refirió como "el Partido Judicial", para debilitar al Gobierno de su esposa. "El fallo es muy claro y no me destituye en el cargo. El presidente del Banco Central sigo siendo yo", ha subrayado por su parte Redrado, quien ha afirmado además que aguarda la convocatoria de una comisión del Congreso que debe tratar su salida.

Según la legislación argentina, el pronunciamiento de la comisión bicameral, que preside el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, enemistado con el Gobierno desde 2008, es necesario para destituir al gobernador del Banco Central pero no vinculante con la decisión que adopte el Ejecutivo. El diputado pro gubernamental Gustavo Marconato, uno de los miembros de esa comisión bicameral, insistió en que hace falta "un rápido pronunciamiento" para cerrar cuanto antes el caso Redrado.