El conflicto de las reservas argentinas se enreda en los juzgados

La crisis institucional y política de Argentina por las reservas y la jefatura de su Banco Central se prolonga. La juez federal que la semana pasada había impedido que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner usara reservas del banco para pagar deuda pública y removiera al gobernador de la entidad, Martín Redrado, decidió ayer dilatar una semana la respuesta a las apelaciones que el Ejecutivo presentó contra sus dos medidas.

Entretanto, los jefes de los grupos opositores del Senado se reunían anoche con el vicepresidente de Argentina y presidente de esa Cámara, el radical Julio Cobos, para deliberar sobre la convocatoria a una sesión extraordinaria el Congreso está de vacaciones hasta marzo porque es verano para aprobar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia de Fernández y sus ministros.

Fernández, en un acto oficial en el Banco de la Nación Argentina (una entidad comercial y de fomento), suscribió ayer la teoría de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, de que está en marcha una "conspiración" en su contra. Se refirió a "una formidable maniobra política, mediática y judicial", y criticó a algunos jueces por adoptar medidas "políticas", y a Cobos, su ex aliado, por ser el principal candidato de la "oposición" para sucederla en 2011. También justificó como necesario el uso de reservas para el pago de deuda para salir de la suspensión de pagos por 30.000 millones de dólares que aún persiste desde 2001, cuando el peronista Adolfo Rodríguez Saá debió asumir el Gobierno que dejaba en llamas el radical Fernando de la Rúa.

Redrado se resiste a entregar 6.500 millones de dólares en reservas (sobre un total de 48.000 millones) al Tesoro para pagar casi la mitad de los vencimientos de deuda de 2010 tal como dispuso el decreto de mediados de diciembre, porque considera que esa decisión no es atribución del Ejecutivo sino del Congreso y porque pone los activos del Banco de Argentina en riesgo de embargos judiciales en EE UU por parte de los tenedores de bonos impagados desde 2001. Hasta ahora, el país suramericano viene sorteando la congelación de reservas de la autoridad monetaria porque ha argumentando en EE UU y en tribunales de otros países que esos activos pertenecen a una entidad autónoma y no al Tesoro. Ante la resistencia de Redrado a ceder reservas, Fernández lo echó por decreto el pasado jueves. Sin embargo, al día siguiente la juez María José Sarmiento frenó el uso de reservas para el pago de deuda, a partir de un recurso de amparo que habían presentado a finales de diciembre diputados de la Coalición Cívica (centro) y la Propuesta Republicana (PRO, derecha), y la destitución de Redrado, por otro amparo del propio gobernador.

La Carta Orgánica del Banco Central, que reviste carácter de ley, permite que la presidenta de Argentina remueva al jefe de esa autoridad, pero después de una consulta no vinculante con una comisión de diputados y senadores.

El Gobierno buscó desde el viernes por la tarde a Sarmiento para apelar las dos disposiciones y durante el sábado apostó un coche policial en casa de la juez, hasta que ella declaró a los medios que no aceptaría reclamaciones hasta ayer. El Ejecutivo consiguió que a última hora del sábado un magistrado de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (tribunal superior), Carlos Grecco, recibiera las apelaciones. Ayer, la Cámara se las pasó a la juez, que a su vez recibió peticiones del jefe de diputados del PRO, Federico Pinedo, y de Redrado para reconvertir las medidas cautelares que habían solicitado en ordinarias. Sarmiento las aceptó, con lo que podrá tomarse alrededor de una semana, en lugar de 48 horas, para derivar las apelaciones del Gobierno a la Cámara.

Mientras tanto, Redrado seguirá siendo el gobernador y las reservas no se podrán usar para el pago de deuda. Más allá de estas apelaciones de forma, la resolución de fondo de las causas ordinarias se puede demorar cinco o seis años, advirtió a Radio 10 el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que criticó la legalidad del decreto de las reservas, pero no la de la remoción de Redrado, dado que la opinión de la comisión del Congreso no es vinculante.

En el Senado se reunieron ayer sólo los grupos opositores, porque el jefe del peronista, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el Congreso sólo puede reunirse en vacaciones por orden del Ejecutivo. Cobos, por su parte, respondió que cualquier parlamentario puede pedir que el Legislativo se reúna en caso de revisión de decretos de necesidad y urgencia.