Cristina Fernández pide el cese del jefe del banco central

Los veranos en Argentina suelen deparar sorpresas económicas, no precisamente positivas, y el actual es uno de ellos. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió ayer la renuncia al gobernador del Banco Central, Martín Redrado, porque éste se resiste a cederle reservas internacionales para el pago de la deuda pública. Pero Redrado se negó a dimitir, con lo que se ha abierto un serio conflicto político-económico en Argentina.

Fernández y su ministro de Economía, Amado Boudou, habían anunciado el pasado 14 de diciembre que usarían reservas por 6.500 millones de dólares (sobre un total de 48.000 millones) para abonar casi la mitad de los vencimientos de deuda que afrontará Argentina en 2010. El Gobierno argentino pretendía despejar así cualquier duda sobre una poco probable suspensión de pagos, como la de 2001. Fernández quiere evitar un incumplimiento con los acreedores pero sin tener que reducir el gasto público, y por eso ha buscado recursos de cualquier fuente: desde la subida de impuestos a los agricultores, que trajo una profunda crisis en la primera mitad de 2008, hasta la reestatalización del sistema de pensiones, de noviembre de ese año, o la decisión de usar reservas. Boudou busca bajar la prima de riesgo de la deuda argentina para volver a tomar prestado del exterior, después de la crisis de 2001. De ahí que haya hecho guiños -de momento sólo eso- sobre la normalización del Instituto de Estadísticas, acusado de manipulación, y de la relación con el FMI, interrumpida desde 2007.

El gobernador rechaza dimitir y sólo el Congreso podría echarle

Lo que no se imaginaba Fernández era que Redrado, un peronista formado en Harvard que presidía la autoridad monetaria desde 2004, iba a desobedecerla esta vez, tras una gestión cuya autonomía ha sido puesto en duda por los analistas. Las primeras críticas contra el pago de deuda con reservas surgieron de la atomizada oposición, que desde diciembre pasado domina la Cámara de Diputados y empata con el kirchnerismo en el Senado. "El decreto es inconstitucional porque afecta la independencia de poderes", declaró el diputado de la Coalición Cívica y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay. "La facultad de regular el dinero es del Congreso, que lo delega en un ente con autonomía. En este caso el Ejecutivo, a través de un decreto de necesidad y urgencia, se apropia de facultades constitucionales del Poder Legislativo", añadió. La provincia de San Luis, gobernada por el peronismo disidente de los Kirchner, presentó una denuncia contra el pago de deuda con reservas ante la Corte Suprema. La oposición se había unido para reclamarle al Gobierno que sometiera el decreto al escrutinio del Congreso y advirtió que denunciaría a Redrado si aceptaba ceder parte de los activos del Banco Central.

Y el gobernador ha acabado sumándose a ese rechazo. Demoró la apertura de una cuenta para que el Tesoro recibiera los 6.500 millones y ayer recibió al presidente de la Unión Cívica Radical (principal fuerza opositora), Ernesto Sanz. Este último gesto bastó para que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunciara ayer que la jefa de Estado le pedía la renuncia. Poco después, fuentes del Banco Central y el radicalismo respondieron que el gobernador cumpliría su mandato hasta fines de este año. Sólo una comisión del Congreso puede destituirlo, y el kirchnerismo ya no controla esa cámara. Redrado provocó la ira de Fernández, que prometió apelar a la Justicia. El Ejecutivo anunció que el nuevo gobernador será alguien que ya había ocupado ese cargo, su asesor Mario Blejer. Pero Blejer, que había presidido el Banco Central en la crisis de 2002, dejó trascender que no aceptará la nominación mientras Redrado siga en su puesto.