Una norma necesaria que va a distinta velocidad

La implantación de la Ley de Dependencia no admite un balance global porque las diferencias entre comunidades son muy acusadas. Nadie discute, sin embargo, la pertinencia de una ley que se aprobó con un amplísimo apoyo parlamentario. "Ha supuesto un avance significativo en la protección social al consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura. Lo importante es que casi medio millón de ciudadanos han recibido ya una prestación o servicio y han visto mejoradas sus condiciones de vida", afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En este tercer cumpleaños, Luis Martín Pindado, presidente del Consejo Estatal de Personas Mayores, pide "paciencia" para la implantación de una ley que ha seguido "pasos similares, también en el tiempo, a los que han dado en otros países con leyes parecidas".

Patrocinio de las Heras, una histórica en el campo de los servicios sociales, se congratula del "despegue que han experimentado los derechos de los ciudadanos en este ámbito", dice. Comprende que "implantar un sistema como éste requiere de unos primeros años de experimentación y de innovación con nuevas prácticas" y solicita que "se elabore un mapa con la red de centros necesarios".

La escasez de servicios para atender las necesidades de los ciudadanos es, efectivamente, una de las carencias que han desvirtuado el espíritu de esta ley, que prima los servicios frente las ayudas económicas. Más de la mitad de las prestaciones concedidas hasta la fecha son económicas. "Demasiados subsidios, sin garantía ni control", critica el presidente de la Fundación Edad y Vida, Albert Vergés. "Lo que era excepcional se está convirtiendo en norma. Es necesario aún que cambie el modelo y se profesionalicen las ayudas", afirma Vergés. La Fundación Edad y Vida también reivindica criterios idénticos en las comunidades para montar negocios de este tipo. "Esta dispersión de requisitos está poniendo en aprietos al sector", dice.

Con esta opinión coincide Miguel Barrachina, de la Comisión de Asuntos Sociales del Partido Popular. "Esperábamos que esta ley armonizara los 17 sistemas de servicios sociales que ya existían en las comunidades pero se está demostrando que idénticos problemas se tratan de forma distinta en cada sitio. Hay una generalizada frustración". En CiU, el portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso, Carles Campuzano, también cree que el modelo aprobado "no está dando respuesta a los ciudadanos" y subraya la "insostenibilidad financiera del sistema, que no aguantará a medio ni largo plazo".

Consciente el Gobierno de lo mucho "que queda por hacer", el secretario general de Dependencia, Francisco Moza, resalta que "de las casi 470.000 personas que ya reciben cobertura, 275.000 han entrado este año". Moza explica que el Gobierno está modificando el baremo con el que se determina la discapacidad de cada persona para que recoja fielmente a aquellos colectivos de discapacitados a los que no se les valoraba correctamente; también "se están modificando los trámites para agilizar la burocracia. El año que viene será clave".