Las empresas cobrarán los contratos con las Administraciones en 30 días

La deuda de las empresas y las administraciones con sus proveedores sigue siendo un lastre para la competitividad de las compañías españolas. La patronal considera que, tras las restricciones crediticias, la morosidad es el segundo gran obstáculo con el que topan las empresas, sobre todo las pymes, para levantar cabeza. La vigente Ley de Medidas contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, de 2004, establece un plazo de 60 días como tope para abonar las facturas. Una apostilla, sin embargo, lo ha impedido: "salvo acuerdo de las partes".

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un capítulo para hacer frente a la morosidad. Entre ellas, hay una propuesta para modificar la Ley contra la Morosidad y la de Contratos del Sector Público para que reduzca el plazo máximo de pago de 60 a 30 días. Para el sector privado, el plazo será de dos meses. Ahora el tiempo medio es de 134 días en el caso del sector privado -frente a los 67 días de la Unión Europea- y de 89 días en las operaciones comerciales entre empresas -en la UE es de 54 días-, según estima la patronal catalana Pimec.

El plazo máximo queda en 60 días para las operaciones entre privados

- Contratos públicos. Los proveedores cobrarán, según el texto, en 30 días a partir de la fecha de expedición de las certificaciones de obra o del documento que acredite la culminación del contrato, siempre que su cliente sea una Administración. El sector público tendrá, no obstante, un plazo de tres años para adaptarse a la norma. El plazo máximo será de 55 días en 2010, de 50 días en 2011 y de 40 días en 2012. A partir de 2013 deberán pagarse en 30 días.

- Contratos privados. En las operaciones entre empresas, el plazo quedará fijado en 60 días. El Gobierno ha mantenido la apostilla "a falta de pacto entre las partes", pero la elimina para las empresas que sean consideradas "de reducida dimensión". Las pequeñas y medianas empresas, que se han adherido a la plataforma contra la morosidad, opinan que el Ejecutivo ha vuelto a abrir una rendija para que todo siga igual. Además, el Gobierno da a los proveedores 30 días para que envíen la factura. "Estamos en las mismas. El cliente puede exigir que se le mande la factura apurando los 30 días y entonces ya tiene tres meses para pagar. ¿Y cómo vas a denunciarlo? Si lo haces, ya sabes que no te van a contratar más", explica Antoni Cañete, secretario general de Pimec y miembro de la plataforma contra la morosidad.

- Código de buenas conductas. El anteproyecto contempla la promoción de un "código de buenas prácticas comerciales", que no entra a detallar, y de la adopción de sistemas de mediación y arbitraje. Sin embargo, éstos serán de "adscripción voluntaria" por parte de las empresas. Las pymes vuelven a tachar la medida de "tibia", y sostienen que en otros países se han adoptado medidas para sancionar la morosidad con rapidez.

- Supervisión. Los interventores del Gobierno, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos deberán elaborar informes trimestrales sobre los pagos a proveedores. Las corporaciones locales deberán remitir su información al Ejecutivo central o los Gobiernos autonómicos, que a su vez elaborarán un documento público sobre incumplimientos. El anteproyecto tampoco prevé sanciones en casos de impagos, aunque facilita que se reclame el pago ante el juez como medida cautelar.